Cómo instrumentar una política fiscal para el crecimiento de México/II

Entre los rasgos estructurales que caracterizan la precaria situación fiscal de México destacan los siguientes:

• Una corrupción administrativa tan profunda en magnitud, que produce escasos resarcimientos en el caso de los rescates financieros del pasado, pero con  daños irreparables a la hacienda y el patrimonio públicos;
• Un contubernio de las autoridades hacendarias y de PEMEX para abrir cuentas en paraísos fiscales del Mar Caribe, sin que existan sanciones ejemplares;
• El modelo de estancamiento estabilizador basado en el control inflacionario, en las altas tasas de interés de los títulos de deuda del gobierno y la sobrevaluación de la moneda, no ayuda a la expansión sana del sector productivo y de la fiscalidad;
• Una clase gobernante que posibilita la condonación de créditos fiscales a los bancos y corporativos nacionales y extranjeros;
• Un marco legal que impide la generación de déficits fiscales de corto y mediano plazo, lo cual imposibilita la instrumentación de políticas anticíclicas, restándole capacidades de desarrollo al sector productivo y con efectos negativos en el empleo;
• Existencia de un régimen de privilegios para los deciles de mayores ingresos de la población, dado que no hay impuestos patrimoniales y donde no se les exige el pago del ISR para el caso de la enajenación de sus activos a favor de los capitales extranjeros, a través de la bursatilización de dichas operaciones.

En este sentido, la instrumentación de una verdadera política fiscal tiene que resolver estas restricciones, con el propósito de mejorar el entorno para las inversiones productivas. Debiera haber exenciones fiscales para premiar las innovaciones y las patentes creadas por los jóvenes y las empresas nacionales. Sin estos incentivos, difícilmente podrá fortalecerse la capacidad fiscal en el mediano largo, sin tener que incrementar los impuestos al consumo en alimentos y medicinas.

Cómo instrumentar una política fiscal para el crecimiento de México/I

Cómo instrumentar una política fiscal para el crecimiento de México

Parte I

Alfredo Carlos Victoria Marín

El documento de trabajo titulado “What is a “Competitive” Tax System”, (2011) OECD Taxation Working Papers, No. 2; OECD, de Stephen Matthews, define a la competitividad como un conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país, donde el nivel de productividad en cambio establece el nivel sustentable de los estándares de vida. Nos señala que en el Informe Global de Productividad contiene 12 pilares de competitividad: (1) instituciones; (2) infraestructura; (3) entorno macroeconómico; (4) salud y educación básica; (5) educación superior y capacitación; (6) eficiencia de los bienes de mercado; (7) eficiencia del mercado laboral; (8) desarrollo de los mercados financieros; (9) preparación tecnológica; (10) tamaño del mercado; (11) sofistificación de los negocios; (12) innovación.

Adelantándonos a lo que el especialista quiere discutir, es preciso señalar que México al tener un bajo nivel de bancarización por habitantes, representa una seria restricción para la conformación de un verdadero sistema fiscal federal. Los resultados de la prueba PISA (,Programme for International Student Assesment  por sus siglas en inglés) nos señala que el desempeño escolar de los jóvenes de 15 años de edad en compresión de lectura, matemáticas y ciencias, es uno de los bajos de los países de la OCDE, lo cual advierte que la brecha que existe entre Finlandia y Korea, países punteros en la evaluación PISA con relación a México, equivale a dos años escolares.

Los incentivos para la inversión no solamente están determinados por los anteriores pilares, sino que están, según el paper aludido, influenciados por los derechos de propiedad y niveles de confianza. Así las cosas, la política fiscal puede contribuir a la competitividad económica siempre y cuando se incluyan: (1) el incremento de los ingresos fiscales que sean aceptados como justos, a efecto de alcanzar altos niveles de aceptación voluntaria por parte de los contribuyentes; (2) una buena administración que sea efectiva en disuadir la evasión, reforzando la cohesión social sin conceder ventajas injustas que acrecienten los beneficios a las empresas que evaden impuestos; (3) un sistema fiscal que no esté abierto a la corrupción y que instrumente leyes fiscales consistentemente e imparcialmente y haga un régimen fiscal predecible que reduzca los grados en que pueda desalentarse la inversión; (4) un sistema fiscal que reduzca los montos económicos destinados a la recaudación de impuestos.

Al respecto queda agregar que las empresas mexicanas destinan más de 517 horas al año para cumplir con sus obligaciones fiscales, según los datos del documento publicado por el Banco Mundial-Corporación Financiera Internacional en 2010 titulado Paying Taxes 2010. The Global Picture, lo cual desalienta la competitividad de nuestro país. México ocupa el lugar 167 de 183 países del  informe.

Frenar la corrupción es fundamental para darle sentido a la democracia en México

 Es indispensable reconocer que las políticas gubernamentales dirigidas a la transparencia son resultado de las recomendaciones o directrices externas de organismos financieros y de cooperación  internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Se ha hecho patente que la acción del mercado en contextos de opacidad y secrecía, benefician la rentabilidad del capital financiero y perjudican el bienestar de las mayorías de trabajadores.

En el pasado y en el presente, la combinación entre gobiernos corruptos y autoritarios establecieron una suerte de globalización del peculado, de tal forma que la financiación de instituciones internacionales para el desarrollo, en muchos casos, fue desviada para beneficios personales. Diversos autores como Giovanni Sartori, Norberto Bobbio y Michelangelo Bovero  han dicho en términos generales que la corrupción obstaculiza la democracia liberal y provoca la degeneración del gobierno representativo y republicano; los significados que entraña la corrupción siguen hablando de un mal endémico que opera a favor de los intereses fácticos.

Es el más gravoso de los impuestos tributarios que pagan los mexicanos, por lo que urge una cultura en la sociedad en contra de este tipo de prácticas, no sólo es un problema moral o ético, opera como un mecanismo de expoliación y explotación de la población en particular la que menos tiene.

La guerra contra el crimen organizado y el derecho humanitario internacional

La declaración unilateral de Guerra que lanzara Felipe Calderón en contra del crimen organizado al inicio de su administración, no sólo es cuestionada y cuestionable por los costos en vidas humanas, sociales y productivos que ésta ha ocasionado en zonas muy localizadas del país, sino por la falta de previsión y planeación, la cual debió haber sido consensada con los poderes públicos.

La no observancia del  artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deja al descubierto la incapacidad y cerrazón del Estado mexicano para enfrentar con el derecho en la mano, las acciones ilegales del crimen organizado contra la población. Dice este artículo:

Artículo 29.- En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los Titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde.

En diversas localidades de los estados de Tamaulipas, Chihuahua y Michoacán, se han registrado fenómenos que pueden considerarse como perturbaciones graves de la paz pública, ya que sean detectado fosas comunes de cientos de personas, lo cual advierte la perpetración de  crímenes de lesa humanidad en contra de migrantes, la abdicación de las policías municipales de sus tareas básicas, el asesinato regular de periodistas, secuestros sistemáticos  contra ciudadanos y el establecimiento de grupos mafiosos que realizan actividades reservadas al Estado. En estricto sentido, esto constituye sendos peligros para la vida de las personas, por lo que el Estado mexicano debió haber tomado las previsiones necesarias para poder restablecer las condiciones de seguridad y protección de las personas respetando el marco constitucional vigente y las reglas del Derecho Humanitario Internacional.

El Estado mexicano y sus autoridades no han puesto en marcha los procedimientos constitucionales y legislativos enunciados arriba, para atender los graves problemas de inseguridad que a todas luces  amenazan de forma permanente el ejercicio de las libertades individuales, el derecho a la vida y al patrimonio de las personas, dado que el artículo 29 de la Constitución establece que para restablecer las condiciones de seguridad mínimas  que el Estado está obligado a prestar a la sociedad, se “podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo.”

Como ha habido un costo alto en vidas humanas, donde la población civil ha sido expuesta dentro de una virtual guerra civil desde 2006, año en que se oficializó una guerra contra el crimen organizado, las medidas contenidas en el artículo 29 Constitucional fueron obviadas,  sin embargo, por las consecuencias internas que estos supone, el Estado mexicano está obligado a respetar el Derecho Humanitario Internacional para el caso de conflictos internos. De acuerdo al Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, el cual entró en vigor el 7 de diciembre de 1978, con relación al párrafo 1 del artículo 1 de dicho instrumento establece

“1. El presente Protocolo, que desarrolla y completa el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949…se aplicará a todos los conflictos armados que no estén cubiertos por el artículo 1 del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I) y que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo”.

Por ejemplo, la acción ilegal de grupos armados organizados ha dado pauta a la aparición de comunidades de personas desplazadas en el Estado de Tamaulipas, sin embargo,  la intervención del ejército no ha posibilitado la protección de las personas que no participan directamente en la guerra contra el crimen organizado del gobierno federal, ya que ha quedado expuesto a la opinión pública que ha habido atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las personas, en particular el homicidio y los tratos crueles tales como la tortura y las mutilaciones o toda forma de pena corporal, contraviniendo lo dispuesto en el inciso a) párrafo 2 del artículo 4 del Protocolo relativo a las garantías fundamentales.

Asiste el derecho para que los familiares de las víctimas civiles de la guerra contra el crimen organizado exijan el esclarecimiento de dichos delitos, más aún cuando haya habido el asesinato de civiles a manos de militares, sin haber adoptado las medidas de seguridad establecidas en el Protocolo II. Es menester señalar que la intervención de relatores internacionales de Naciones Unidas puede ser invocada por los familiares y deudos de las víctimas, ya que el monitoreo permanente de la ONU, no es un asunto en el que se deba pedir permiso a las autoridades mexicanas, ya que están siendo afectadas normas imperativas de derecho (jus cogens) que el Estado mexicano no ha atendido.

Políticas públicas contra la pobreza

¿Cómo construir propuestas de política pública para el desarrollo social, cuando los mecanismos de participación social siguen estando controlados o por lo menos restringidos al marco institucional-burocrático, que sólo considera la supervisión y vigilancia de los recursos federales descentralizados a las entidades federativas y municipios, como el Ramo 33 o los estatales como el PAGIM y GIS? ¿Por qué la construcción de políticas públicas para enfrentar la urbanización de la pobreza o la descentralización de recursos federales como el programa Hábitat, siguen formando parte de las agencias y dependencia federales, cuando hay un reclamo local para construir políticas sociales locales complejas y más descentralizadas?

¿Porqué no pueden construirse espacios públicos locales, donde la participación ciudadana y social, que refuercen la solidaridad, la cooperación y el trabajo en equipo, haciendo a un lado las fuerzas atomizador del mercado, como único y posible eje articulador de las relaciones sociales? ¿Por qué no superar el falso debate que defienden las élites tecnocráticas respecto a la reducción del Estado y del populismo que solapa esta política, en lugar de plantear respuestas locales a los graves problemas suscitados por la marginación y exclusión sociales?

Y en todo caso, por qué no replantear la construcción de un Estado de bienestar promovido por el cambio de políticas económicas y por una nueva corresponsabilidad de los gobiernos locales en el desarrollo social y económico.

¿Acaso la manera de atender la cuestión social no tiene nada que ver con la manera en cómo se lleva a cabo el ejercicio de la política, del poder, de la gobernabilidad y de la gobernanza? Un nuevo consenso social y político en el ámbito local habría de atender las inseguridades globales generadas por el desempleo estructural, falta de vivienda, la exclusión social, la pobreza, la marginalidad, la violencia barrial.

La urbanización de la pobreza, ha creado extensos territorios, los cuales se caracterizan por la marcada desigualdad social, además de que la marginación y exclusión sociales imposibilita que la población de bajos ingresos acceda a bienes y servicios básicos. La segmentación social y la segregación urbana y territorial, conforman el rasgo más representativo de las zonas metropolitanas del Valle de México y del Valle de Toluca. Lo anterior es terreno fértil para la proliferación del crimen organizado.

El problema de fondo reside que las autoridades estatales que han instrumentado acciones asistencialistas entre 2005-2011 en el Estado de México, han pospuesto la discusión abierta e integral de estos temas con la sociedad. Una propuesta para medir el alcance del trabajo de la política asistencialista en el Estado de México, es contar con un Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social en el Estado de México, conformado por especialistas de gran solvencia académica, ya que actualmente no hay estudios al alcance de la población sobre indicadores de eficiencia, cobertura, impacto, a diferencia del Consejo de Evaluación de la Política Social del Distrito Federal que tiene en su portal de internet dicha información o el CONEVAL.

México: La cuestión de las izquierdas/II y último

México: La cuestión de las izquierdas/II y último

La búsqueda de un verdadero Estado de derecho, no ha sido totalmente un objetivo de la izquierda en México, pese haber sufrido durante décadas la persecución política del régimen. No habrá democracia económica, si primero no existe un compromiso explicito y político para enfrentar la corrupción en todos los ámbitos donde está se haya anidado. La defensa de los de abajo, de los excluidos, de los marginados, no se logrará en tanto no haya congruencia en el pensar y actuar de los representantes populares que emanen de partidos de izquierda. El sectarismo es el enemigo a vencer. No se puede atender la pobreza desde la lógica de los programas clientelares y corporativos, ni expoliar el erario. En otras palabras, la izquierda no tiene porque recrear viejas formas de captura del Estado, lo hemos dicho hasta la saciedad. Y mucho menos, la izquierda no debe ser cómplice de prácticas y acciones deshonestas cometidas por integrantes o no de grupos en el poder. No habrá verdadero proyecto de nación, mientras tanto las organizaciones de izquierda no saneen sus filas de personajes que han estado identificados con la corrupción y el crimen organizado. Esa es una mínima condición para obtener la confianza de los electores a quienes se quiere representar. Es una vergüenza que en estos tiempos de hartazgo social por la incapacidad de las instituciones del Estado para brindar seguridad y protección a sus habitantes, no se vea a la izquierda como opción para atender este reclamo en el 2012. Preocupa demasiado que entidades como Michoacán, Guerrero o Zacatecas hayan perdido sus gobernantes el sentido de la ética de la responsabilidad y del mandar obedeciendo. La lealtad al Estado y a los ciudadanos son elementos que deben caracterizar a la izquierda, si realmente quiere ser opción política y protagonista de la transformación de México.  La denuncia de los ciudadanos y la construcción de gobiernos autogestionarios son las pocas herramientas para la construcción del tejido social que rompió desde hace décadas, justamente cuando los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortarí, decidieron desmantelar y privatizar los activos de la nación.

México: La cuestión de las izquierdas/I

Las izquierdas mexicanas enfrentan tres problemas centrales: la precaria institucionalización de su vida organizativa, su desinterés en la interpretación de los sentimientos sociales de la población y su marcado antiintelectualismo. Dichos asuntos devienen en que las izquierdas en su conjunto han perdido de vista su papel protagónico en la transformación progresista de nuestro país. Estos dos graves problemas estructurales ocurren en un contexto donde muchos de los líderes y caciques de las principales corrientes de los tres partidos de la izquierda (PRD, PT y Convergencia) provienen de movimientos sociales, de la guerrilla o del PRI, cuyo funcionamiento no estaba determinado por mecanismos democráticos, sino donde las decisiones giraban en función de la sobrevivencia política. Por eso, los detractores de la derecha, acusan a las izquierdas por su pretensión de instaurar programas estatistas o populistas de gobierno. Desde que el alzamiento del EZLN hasta el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, la precaria institucionalización de las izquierdas ha fortalecido el avance de la derecha, el PAN, al no haberse convertido en una opción política capaz de competir con sus adversarios en cualquier parte del país.

La gran mayoría de los líderes históricos de las izquierdas, al ocupar con mayor reiteración cargos de representación popular a partir de 1997, fueron alejándose del trabajo de base y pocos de ellos se han preocupado por abanderar acciones a favor de la inclusión social de los grupos humanos que se encuentran en la marginalidad y la pobreza. Las políticas sociales instrumentadas en la Ciudad de México deben ser vistas como acciones encaminadas a no retardar  el reconocimiento de las personas al acceso de la cultura, la recreación, la educación, la vivienda,  la salud. No ha habido en otras entidades y municipios gobernados por “las izquierdas”, intentos que pudieran replicar lo hecho en la capital del país, ya sea por falta de recursos, ideas o voluntad política.

Los tres partidos de izquierda se han alejado de las y los jóvenes de México, ya que no hay una vocación progresista de las organizaciones políticas. Más bien, los vientos de transformación provienen de diversos sectores de las clases medias urbanas que se han aglutinado en torno a la condena de la violencia proveniente del crimen organizado y de las fuerzas del Estado. 

Han sido infructuosos los intentos de personas y grupos aislados para ofrecer a la población una opción política viable, aun cuando las condiciones históricas hagan necesaria la presencia de la izquierda. Sigue quedando pendiente que la izquierda promueva la separación del Estado y las iglesias, así como la instauración de un verdadero estado de derecho, que posibilite el reconocimiento de los derechos sociales y la protección de las libertades individuales fundamentales.

La democratización interna de los partidos que aglutinan a un espectro de las izquierdas,  es fundamental para ser opción frente al electorado mexicano. El sistema capitalista que rige y gobierna a México debe ser cambiado por un modelo de desarrollo que vea a las personas como seres con derechos y obligaciones y no como entes económicos, tal como lo hace el neoliberalismo. Desde el punto de vista del derecho y de la defensa de los intereses de las mayorías, debe denunciarse el crecimiento insostenible de la deuda pública interna y externa durante los 10  últimos años, ya que de nueva cuenta vuelve a hipotecarse la renta petrolera y los impuestos de los contribuyentes. Ha sido el modelo neoliberal muy favorecido por  el sistema político y jurídico vigente, toda vez que la izquierda no ha podido generar una fuerza moral para denunciar los rescates carreteros, bancarios, la entrega de la renta petrolera al Tesoro de Estados Unidos en 1995, el aumento de la deuda interna en manos de extranjeros, lo cual ha quitado margen de maniobra al Estado mexicano para dirigir los procesos económicos fundamentales, tal y como lo establecen  los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La construcción de una nueva agenda de política exterior a partir de los consensos internos/III y última

Alfredo Carlos Victoria Marín

La construcción de una nueva agenda de política exterior a partir de los consensos internos/III y última

Sin duda, la incapacidad del Estado mexicano para meter en zona de solución los problemas de inseguridad que ya se han transformado en problemas de ingobernabilidad en diversas localidades fronterizas con Estados Unidos, ha convertido a la política exterior en un rehén de los intereses creados en México y Estados Unidos. El modelo neoliberal jamás planteó un proyecto nacional, ya que Carlos Salinas de Gortarí y su grupo, el cual todavía tiene posiciones de poder en el gabinete presidencial de Felipe Calderón, asumieron que con la sola exposición de la economía mexicana al comercio mundial se lograría resolver el problema de la desigualdad social y  las asimetrías en la distribución del ingreso. Craso error que será casi imposible revertir. Las acciones encaminadas a detener el crimen organizado en México se mueven entre el intervencionismo cauteloso de la Iniciativa Mérida y la descomposición de los cuerpos de seguridad locales, que no concitan mayor respaldo al interior de México ni en Washington. Nadie reconoce en el gobierno de Estados Unidos ni muchos menos en México que la migración y el avance del crimen organizado está en función directa al estancamiento económico que padece México desde 1982.

Así las cosas, se ha dejado de lado proyectos de largo aliento que impulsen la reindustrialización de México y la rearticulación de cadenas productivas, toda vez que se abandonó desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortarí la instrumentación de políticas industriales y tecnológicas, lo cual ha condenado a la dependencia externa de materias primas, maquinaria y equipo.

No termina la ambivalencia de la política exterior de México, ya que todo ejerció de la política conlleva establecer socios, aliados. A nadie en su sano juicio podría estar en contra de la importancia de equilibrar nuestras relaciones internacionales. Queda claro que países como China, India, Brasil, Corea del Sur, han realizado profundas transformaciones internas que han procurado proyectar al ámbito internacional en materia de crecimiento de las exportaciones, aumento de la competitividad en el comercio de manufacturas y tecnologías de la información. Sin embargo, México es incapaz de desarrollar una industria de la robótica a pesar de contar con el talento de los jóvenes.

Dada la actual crisis financiera global, México tendría que asumir un papel más destacado en la reforma de las instituciones que regulan las finanzas y la economía mundial. Nuestra diplomacia financiera tendría que pronunciarse contra la existencia de paraísos fiscales, por ejemplo. Las acciones a favor del desarme nuclear y la lucha contra el terrorismo deben habilitar a las instituciones de las Naciones Unidas para que bajo el amparo del derecho internacional y la cooperación para el desarrollo, se logren atender reclamos sociales históricos en diversos países subdesarrollados, que son la fuente del malestar que existe en el mundo gracias a la globalización financiera neoliberal, impulsada por los gobiernos de las grandes potencias y sus corporaciones.

Los intereses nacionales de México en este siglo XXI son tan obvios que no se requiere ser experto en política exterior. En la medida en que México recupere sus capacidades productivas endógenas, en donde el sector energético eleve sus niveles de inversión y reduzca la dependencia de insumos, materias primas y maquinaria del exterior, en esa medida México elevará sus niveles de crecimiento y de bienestar social. La oligarquía mexicana tiene que entender que los cambios en la política exterior son tan necesarios  para que nuestro país deje ser un estado fallido en diversos órdenes. A final de cuentas, es el reflejo de la política interna. La desigualdad social, la pobreza, la violencia del crimen organizado, los crímenes de lesa humanidad que se cometen en los estados fronterizos con Estados Unidos, la migración, se convierten en externalidades negativas que terminan afectando a las clases privilegiadas de México.

La construcción de una nueva agenda de política exterior a partir de los consensos internos/II

Alfredo Carlos Victoria Marín

La construcción de una nueva agenda de política exterior a partir de los consensos internos/II

La política exterior es la extensión de la política interior. En este sentido, los intereses nacionales que son la defensa de la planta productiva, el crecimiento económico y el pleno empleo, han sido relegados a un segundo plano. La dependencia comercial con un sólo mercado, la desintegración de las cadenas productivas en diversos sectores de la industria y una decreciente competitividad del aparato productivo mexicano incentivado por los bajos niveles de canalización del crédito al sector productivo y por el esquema tributario restrictivo, han ahogado la posibilidad de revertir la dependencia con el exterior. En más de un sentido, el país cuenta con las instituciones públicas capaces de dar aliento al nuevo crecimiento del país. Es bien sabido que la banca de desarrollo como Nafinsa y Bancomext tienen como propósito canalizar crédito a las pequeñas y medianas empresas, así como incidir en la sustitución competitiva de importaciones de insumos y materias primas, sin embargo, ha faltado la voluntad política para que esto llegue a ser una realidad.

Otro tema relacionado con la construcción de una nueva agenda de política exterior tiene que ver con la manera en cómo México se pronuncia en temas relacionados con los derechos humanos y los valores democráticos. Los dos gobiernos emanados del PAN en 2000 y 2006, asumieron en los hechos que tenían y tienen derecho a cuestionar la situación política interna de diversos países latinoamericanos como Cuba, Venezuela, Argentina, entre otros, sin que se haya realizado un debate interno que ponderara los flancos de vulnerabilidad de nuestro sistema político, en temas de una agenda internacional en la que no tenemos la autoridad moral suficiente o donde no se observa un compromiso interno para resolver temas ligados al déficit de gobernabilidad imperante.

Hace falta avanzar en la ampliación de la democracia y la renovación política a través de una mayor democracia participativa y deliberativa –plebiscito, referéndum, gobierno en red- y el rescate de espacios y territorios en manos de la criminalidad, como para después pensar en “continuar con la promoción internacional, los derechos y la dignidad de las personas”. Hay que buscar consensos internos que posibiliten defender dichas posturas con menor daño al prestigio diplomático de México.

Basta ver que la política interior aplicada por el actual régimen le ha apostado por la represión de los movimientos sociales –léase el conflicto de los mineros en Sicartsa, en Lázaro Cárdenas, la represión en San Salvador Atenco o el haber dejado a su suerte a los mineros de Pasta de Conchos en Coahuila-, ha violado los derechos laborales, humanos, la autonomía sindical y ha tornado nugatorio el acceso a la justicia, lo cual contradice lo que a nivel internacional pretende ser la política exterior de los gobiernos del PAN.

La discusión de la política exterior por parte de la sociedad civil sigue constituyendo un déficit de la naciente democracia mexicana. Como parte de las políticas públicas, sigue haciendo falta una evaluación más rigurosa de las acciones que en esta materia ejerce el Ejecutivo Federal. Es pregunta ¿Porqué la política exterior asigna una alta prioridad a la transnacionalización de nuestra economía a fin de atraer mayor inversión extranjera, consolidad exportaciones, sin antes discutir la importancia de contar con una política industrial propia o procesos de subvaluación de la moneda como lo hacen los chinos? ¿Por qué suponer que de la mano del mercado se logrará una competitividad sistémica, y más aún que ésta se alcanzará a través de bajos salarios para los trabajadores de las ciudades y del campo, como lo propone la iniciativa del PAN y del PRI?

¿Quiénes son los que se benefician de esta falta de rumbo para el país? ¿Es viable el país bajo estas condiciones? ¿Por qué la sociedad civil no tiene ningún peso en la manera en cómo México realiza sus relaciones internacionales? ¿Dónde quedó nuestro papel de promotor de iniciativas de corte multilateral para frenar el creciente clima de tensión internacional propiciado por el uso ilegal de la fuerza de las grandes potencias contra países como Irak o Afganistan? ¿México, su diplomacia, no requiere una nueva dignidad de negociación frente a Washington? ¿El uso del derecho internacional, la diplomacia, los buenos oficios, serán muros de contención para detener la militarización de las fronteras que producen políticas económicas fallidas? ¿México tendrá algo qué decir al respecto?

La construcción de una nueva agenda de política exterior a partir de los consensos internos/I

Alfredo Carlos Victoria Marín

La construcción de una nueva agenda de política exterior a partir de los consensos internos/I

Desde que apareció el concepto de política económica exterior en los años noventa, pocos actores tomaron parte en las decisiones gubernamentales que tenían que ver con los impactos sociales y productivos relacionados con la negociación de los acuerdos comerciales, la apertura de la inversión extranjera, la autonomía de la banca central y las políticas fiscales restrictivas. Los únicos invitados a las negociaciones comerciales han sido las cámaras de industriales, los dueños de los bancos y sectores ligados a la exportación. La preeminencia de los asuntos económicos dentro de la agenda internacional ha sido uno de los rasgos distintivos de la política exterior mexicana, la cual ha seguido por la senda del aperturismo comercial y financiero, en detrimento del interés nacional. A casi dos decenios de instrumentado el modelo económico imperante, los responsables de la conducción del Estado mexicano siguen sin plantear a la sociedad cuáles son los intereses nacionales que deberíamos alcanzar y perseguir, junto con los instrumentos, recursos y acciones necesarias para ello.

Nos rezagamos en el campo de las tecnologías de la información frente a naciones como Brasil, India y China; no hay un proyecto nacional para formar científicos y tecnólogos donde pueda aprovecharse el talento de las generaciones de jóvenes, ya que hoy en día las universidades públicas y privadas padecen la falta de recursos públicos y de proyectos de largo plazo con impacto verdaderamente social que puedan retener y dar empleo a los recursos altamente calificados. No hay consensos sociales que nos coloquen en la ruta del desarrollo, dado que no hay una definición clara y explícita de los intereses nacionales.

¿Qué ha faltado? Naturalmente, la reforma del Estado. El régimen presidencialista mexicano restringe la participación de la sociedad civil toda vez que el artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al presidente de la República dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del senado, dejando precisamente a esa Cámara la facultad de analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el presidente y el secretario del ramo rindan ante el Congreso.

Es fundamental que se construya un sistema semipresidencialista donde pueda someterse a referéndum decisiones fundamentales de la política exterior de México, como ocurre en los países europeos.

Si bien en la glosa del informe de gobierno intervienen los diputados federales para hacer observaciones y cuestionamientos al Secretario de Relaciones Exteriores, no ha implicado en ningún caso reciente cambios de rumbo en la conducción de la política exterior mexicana, toda vez que el Ejecutivo Federal es quien toma las decisiones, muchas veces sin importar los costos internos.

La insistencia en promover una defensa errática de los derechos humanos en la región de América Latina y el Caribe ha sido uno de los desaciertos más desafortunados de la administración del Partido Acción Nacional, ya que esto ha llevado a un desgaste innecesario con muchos sectores sociales y con la opinión pública, dado que nuestras instituciones están muy lejos de garantizar la seguridad de los periodistas, y porque en México se cometen crímenes de lesa humanidad contra migrantes centroamericanos y sudamericanos.

La interpretación jurídica en la obra de Riccardo Guastini

Alfredo Carlos Victoria Marín

La interpretación jurídica en la obra de Riccardo Guastini

El trabajo académico del jurista italiano Riccardo Guastini ha tenido una enorme influencia en nuestro país. Guastini considera que los jueces no pueden limitarse a la interpretación textual, por lo que propone que para la aplicación del derecho es necesario la interpretación de las fuentes y la calificación del supuesto de hecho. Para Guastini, hay dos tipos de interpretaciones que son las de tipo doctrinal o las judiciales pero lo que las distingue entre sí es por su fuerza.  A las interpretaciones judiciales de una determinada disposición, la entiende como la decisión que toman los jueces. De igual manera, la interpretación doctrinal  de una determinada disposición puede ser entendida como una recomendación dirigida a los jueces para atribuir a una disposición un determinado significado. Para Guastini, interpretar implica una actividad intelectual que busca averiguar o decidir el significado de algún documento o texto jurídico. En otras palabras, interpretar significa clarificar el contenido o campo de aplicación de la norma al caso concreto. Dice Guastini que cuando se presentan dudas o controversias en torno al significado de un texto jurídico oscuro, se requiere tomar una decisión con relación al significado de estos enunciados.

Los jueces tienen la obligación de hacer interpretación apegada a los textos, sin que conlleve hacer exclusivamente una interpretación literal, sin embargo, la interpretación de cualquier texto, en cualquier situación, requiere interpretación.

También la interpretación implica reformular el texto en una lengua diversa. Los vehículos materiales donde está presente todo ejercicio de interpretación los encontramos en los enunciados normativos que adscriben significado a un texto normativo. A través de estos enunciados puede comprobarse la veracidad o falsedad.

De la teoría de interpretación de Guastini, destaca que las técnicas interpretativas que existen, pueden dirigirse a la construcción del conocimiento jurídico y por otro lado supone decisiones discrecionales que asumen los juzgadores. En nuestra opinión, los legisladores tendrían que formular leyes o disposiciones jurídicas lo más claras y precisas posibles, para que la interpretación que hagan los jueces sea objetiva, imparcial y legal. Cuantas veces escuchamos que los jueces en aras de sus decisiones discrecionales asignan significados  que no corresponden con el contenido de  los textos o disposiciones. Más que generar certeza jurídica, la interpretación al caer en terrenos más pantanosos, deja de cumplir con su papel que es desentrañar el significado de las disposiciones.

La interpretación jurídica según Rolando Tamayo y Salmorán

Alfredo Carlos Victoria Marín

La interpretación jurídica según Rolando Tamayo y Salmorán

Quienes consideran la inutilidad de estudiar el derecho a la luz del significado primigenio que imprimieron los antiguos, en especial, los romanos, están sumamente equivocados. El esclarecimiento conceptual del derecho como aportación cumbre de Roma, debe generar más luces que sombras, en materia de argumentación jurídica. Desde que apareció codificado de forma escrita el término interpretatio, los romanos querían establecer un orden jurídico con más variantes de aplicación.

No deja de llamar la atención que el derecho tiene una forma particular de materializarse, lo cual lo podemos encontrar en el lenguaje jurídico prescriptivo. Con la aparición de los testamentos, contratos y constituciones, la interpretación se convirtió en una actividad especializada, toda vez que en Roma los individuos que se encargaban de darle significación a los textos jurídicos eran los llamados “órganos”, quienes en los hechos se convertían en los creadores del derecho. Los romanos enseñaron al mundo que el significado del lenguaje jurídico depende de la cultura, de los sentimientos, credo político, religión, posición social del órgano que interpreta. Así las cosas, la significación dada a los textos jurídicos es lisa y llanamente un acto de creación del orden jurídico positivo.

Sin embargo, la interpretación jurídica no es monopolio exclusivo de los órganos aplicadores del derecho, ya que toda persona que realiza una interpretación jurídica se convierte en un traductor o interprete de las leyes. A esto se le llama discurso descriptivo, ya que el discurso prescriptivo es el que emplean los jueces. La forma de interpretar los conceptos jurídicos conforma un metalenguaje, el cual puede apreciarse en la jurisprudencia moderna, ya que usa los conceptos forjados por los juristas romanos. La sapientia iuris de los romanos, es decir el conocimiento jurídico plasmado en el derecho y en su aplicación a través de la jurisprudencia, dejó atrás el mundo de los oráculos griegos, quienes se dedicaban a la adivinación o a la interpretación de los designios de los dioses.

El uso de la razón jurídica constituyó un parteagüas en la historia de la humanidad, ya que por primera vez la mente humana pudo hacer una distinción entre el mundo de la moral y el derecho, es decir pudo apreciarse de manera nítida la separación de la esfera religiosa y la civil. La descomposición de la palabra jurisprudencia, nos indica que la prudencia era una condición fundamental que indica qué hacer con los textos jurídicos. En estos tiempos de confusión e incertidumbre, la prudencia como valor, debiera estar aplicarse en el discernimiento de los principios fundamentales del derecho. No es lugar común, que el mundo de la razón jurídica muchas veces da acceso a las consignas políticas y prejuicios de los juzgadores a la hora de interpretar y aplicar la jurisprudencia y demás fuentes del derecho. Los jurisconsultos romanos nos enseñaron como hacer uso de la razón jurídica.

La regla de reconocimiento y la validez de las normas

Alfredo Carlos Victoria Marín

La regla de reconocimiento y la validez de las normas

Siguiendo la argumentación anterior, en la ciencia del derecho ha cobrado gran significación el principio de la regla de reconocimiento y de la validez jurídica de las reglas como parte de la argumentación de las decisiones de los jueces. La regla de reconocimiento utiliza una regla secundaria de reconocimiento para la identificación de reglas primarias de obligación La regla de reconocimiento deriva su validez de las reglas que han sido elaboradas de acuerdo al procedimiento legislativo. Dichas reglas de reconocimiento las encontramos en la constitución, aprobación o autorización de actos jurídicos por parte de la legislatura y en las decisiones judiciales dictadas en casos particulares. En el caso de que en nuestro país una ley fuera aprobada pero no promulgada en el Diario Oficial de la Federación, no es válida.

Una situación donde entra en operación la regla de reconocimiento lo tenemos en la vigencia del common law de los anglosajones, ya que éste está subordinado a las leyes y además puede verse privado de su estatus de derecho por una ley.

En este sentido, la regla de reconocimiento a veces se encuentra formulada como una regla y su existencia se muestra en la manera en que las leyes particulares son identificadas por los tribunales u otros funcionarios.

El uso que le dan los jueces y autoridades administrativas a las reglas de reconocimiento no expresadas, para identificar reglas particulares del sistema jurídico, es característico del aspecto interno de las reglas, es decir, son los jueces quienes las  van a emplear como reglas orientadoras empleando un vocabulario distinto de las expresiones naturales del aspecto externo de las mismas. Esto significa que son aplicadas las reglas sin enjuiciar el hecho de que si son aceptadas por los demás.  Esto nos remite a la eficacia de una regla particular que puede o no afectar su validez y una inobservancia general de las reglas del sistema.

La validez de las normas supone que cada una de ellas satisface todos los requisitos establecidos en la regla de reconocimiento y que es una regla del sistema. Así las cosas, aun cuando es desobedecida una regla que es válida dentro del sistema jurídico, ha de ser instrumentada por los tribunales, servidores públicos y hasta por particulares. Las reglas de conducta válidas según el criterio de validez tienen que ser obedecidas y sus reglas de reconocimiento tienen que ser efectivamente aceptadas por los servidores públicos como pautas o modelos públicos de conducta.

¿Por qué el derecho debe ser obedecido?

Alfredo Carlos Victoria Marín

¿Por qué el derecho debe ser obedecido?

Tal vez esta sea una de las preguntas que más significado ético y moral tiene para la sociedad. Para los juristas contemporáneos como H. L. A. Hart, la idea de la obligación está estrechamente relacionada con la existencia de una regla, toda vez que la conducta estipulada por las reglas es consideraba como una obligación. Se dice comúnmente que las reglas cuando han sido transgredidas producirían un sentimiento de remordimiento, vergüenza o culpa en torno a quien no las haya respetado,  toda vez que al ser producto de la presión social son fundamentales para que se conserve la vida colectiva. Las reglas no requieren el uso de la fuerza para que sean consideradas como obligaciones. Tan es así que la honestidad, la veracidad, la transparencia, la probidad son consideradas como reglas, deberes y obligaciones. Si el derecho no es obedecido desde el punto de vista de las reglas, dejaría de serlo.

La vida social puede atribuirle un gran valor, por ejemplo al cumplimiento de las promesas verbales estipuladas en las transacciones mercantiles, por lo que su incumplimiento puede generar una hostilidad social hacia el infractor.

Sin duda, las reglas concebidas como obligación forzosamente nos obligan a renunciar o sacrificar el ejercicio de conductas sancionadas socialmente. La presión social bien podría considerarse como el tribunal supremo que imponen las obligaciones, reglas y deberes. Cabe recordar que las reglas se componen de aspectos internos y externos. Así las cosas, al tener la obligación de acatar las  obligaciones, cada uno de nosotros  acepta las reglas del juego  y son usadas como guías para conducir la vida social, además de que sirven como fundamento para reclamaciones, demandas, reconocimientos, críticas o castigos. Si alguien perteneciente a un grupo no respeta las reglas y obligaciones establecidas con antelación, se exponen a una serie de consecuencias desagradables como el rechazo, repudio o enfrentar un clima de hostilidad física. Si alguien decidiera vivir afuera de un supermercado, inmediatamente recibiría el rechazo –tal vez hostil- de las personas que quisieran ingresar sin obstáculos a un centro comercial.

La vida colectiva se rige por reglas jurídicas y no jurídicas, lo cual muchas veces se traduce en tensión entre quienes aceptan voluntariamente las reglas y cooperan en su cumplimiento y entre quienes optan por rechazarlas a sabiendas o no de la probabilidad de un castigo. La conducta externa de los individuos cuando atenta contra los valores socialmente aceptados puede propiciar desviaciones y trastornos de la vida pública. Esto puede apreciarse cuando las conductas observan un patrón de comportamiento de forma regular, donde puede afirmarse que ha quedado establecida la conformidad de los individuos con las reglas impuestas.

Conceptos jurídicos de la argumentación

Alfredo Carlos Victoria Marín

Conceptos jurídicos de la argumentación

Entre los conceptos más recurrentes empleados en la interpretación jurídica encontramos la retórica, la hermenéutica  y la argumentación. En la ciencia jurídica y en las demás ciencias sociales se ha recurrido a la hermenéutica para comprehender mejor el sentido y significado original de los conceptos.

Desde mi punto de vista, la argumentación significa convencer pero no vencer, pues implica razonar y explicar el sentido de tal determinación, ya que un sistema democrático, el derecho no es sólo se caracteriza por su positividad sino por las repercusiones sociales de las decisiones. Tal vez esto es lo que la hermenéutica nos ha quedado a deber. Sin embargo, la interpretación jurídica siempre será necesaria toda vez que el derecho es una ciencia dinámica, dialéctica, contradictoria, producto del hombre y de sus circunstancias.

Quien quiera entender el carácter teleológico del derecho, es decir conocer los fines últimos, tendrá que realizar una aguda argumentación. La argumentación se apoya en la interpretación literal de las normas, pero no es lo mejor ni más recomendable, máxime cuando a todas luces el derecho es el reflejo de normas y comportamientos sociales.

La retórica que ha sido considerada desde los griegos como el arte del buen hablar; sin embargo ha sido –y sigue siendo- empleada para darle un sentido de autoridad a los pronunciamientos de jueces y políticos. Muchas veces el lenguaje retorico en vez de trasmitir ideas y conocimientos verdaderos, termina enviando consignas a los receptores. Las clases gobernantes utilizan la retorica para dar a conocer sus ideologías, sin posibilidad de que sean refutadas por el público o los públicos.

En toda argumentación evidentemente habrá reformulaciones de los textos y traducciones distintas a las que les asigna la interpretación literal de los enunciados jurídicos.

Importancia de la argumentación jurídica en la ciencia del derecho

Alfredo Carlos Victoria Marín

Importancia de la argumentación jurídica en la ciencia del derecho

En la ciencia del derecho, y particularmente en la aplicación del mismo, se hace necesario recurrir a la interpretación jurídica, a efecto de descifrar las intenciones o decisiones que están ocultas en las normas jurídicas. Para los jueces, se torna fundamental dotar y llenar de significado el contenido de las los textos normativos que utilizan en el momento de dictar sentencias o emitir resoluciones. Muchas veces cuando los textos normativos no establecen con claridad el significado de lo que está escrito, se debe recurrir a la interpretación. Es común en el lenguaje jurídico hablar del esclarecimiento del significado de textos cuando estos son oscuros, dudosos o discutibles. Y esto deviene en otro problema que es defender la argumentación de lo que se está interpretando. Para ello, el empleo de la retórica juega un papel fundamental de persuasión o de convencimiento en el momento de argumentar la interpretación de textos jurídicos.

Hoy en día, los licenciados en derecho que concursan para ocupar plazas de jueces y magistrados tienen que aprobar cursos relacionados en materia de interpretación jurídica, toda vez que la actividad jurisdiccional se ha vuelto más dinámica ante una sociedad más demandante de justicia expedita y eficaz. Aquí entrarían elementos valorativos que ponderarían la justicia, la objetividad, imparcialidad de las interpretaciones y argumentaciones judiciales.

Sin embargo, los tribunales se han apropiado del campo de la interpretación, lo cual no necesariamente sea lo más apropiado, toda vez que los órganos de control y la sociedad, tiene mucho que decir en este campo.

 Muchas veces cuando sienten los particulares que las resoluciones dictadas en su contra por autoridades administrativas contienen elementos de oscuridad, parcialidad, subjetividad, invocan la aclaración de la sentencia a efecto de que el juzgador se pronuncie con relación al contenido de sus argumentaciones.

La interpretación de las fuentes del derecho, como la jurisprudencia, exposiciones de motivos de las leyes, la costumbre, forman parte de los cimientos de la argumentación toda vez que la construcción del derecho es imperfecta y sus conceptos requieren ser reformulados y traducidos continuamente.