¿Cómo construir propuestas de política pública para el desarrollo social, cuando los mecanismos de participación social siguen estando controlados o por lo menos restringidos al marco institucional-burocrático, que sólo considera la supervisión y vigilancia de los recursos federales descentralizados a las entidades federativas y municipios, como el Ramo 33 o los estatales como el PAGIM y GIS? ¿Por qué la construcción de políticas públicas para enfrentar la urbanización de la pobreza o la descentralización de recursos federales como el programa Hábitat, siguen formando parte de las agencias y dependencia federales, cuando hay un reclamo local para construir políticas sociales locales complejas y más descentralizadas?
¿Porqué no pueden construirse espacios públicos locales, donde la participación ciudadana y social, que refuercen la solidaridad, la cooperación y el trabajo en equipo, haciendo a un lado las fuerzas atomizador del mercado, como único y posible eje articulador de las relaciones sociales? ¿Por qué no superar el falso debate que defienden las élites tecnocráticas respecto a la reducción del Estado y del populismo que solapa esta política, en lugar de plantear respuestas locales a los graves problemas suscitados por la marginación y exclusión sociales?
Y en todo caso, por qué no replantear la construcción de un Estado de bienestar promovido por el cambio de políticas económicas y por una nueva corresponsabilidad de los gobiernos locales en el desarrollo social y económico.
¿Acaso la manera de atender la cuestión social no tiene nada que ver con la manera en cómo se lleva a cabo el ejercicio de la política, del poder, de la gobernabilidad y de la gobernanza? Un nuevo consenso social y político en el ámbito local habría de atender las inseguridades globales generadas por el desempleo estructural, falta de vivienda, la exclusión social, la pobreza, la marginalidad, la violencia barrial.
La urbanización de la pobreza, ha creado extensos territorios, los cuales se caracterizan por la marcada desigualdad social, además de que la marginación y exclusión sociales imposibilita que la población de bajos ingresos acceda a bienes y servicios básicos. La segmentación social y la segregación urbana y territorial, conforman el rasgo más representativo de las zonas metropolitanas del Valle de México y del Valle de Toluca. Lo anterior es terreno fértil para la proliferación del crimen organizado.
El problema de fondo reside que las autoridades estatales que han instrumentado acciones asistencialistas entre 2005-2011 en el Estado de México, han pospuesto la discusión abierta e integral de estos temas con la sociedad. Una propuesta para medir el alcance del trabajo de la política asistencialista en el Estado de México, es contar con un Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social en el Estado de México, conformado por especialistas de gran solvencia académica, ya que actualmente no hay estudios al alcance de la población sobre indicadores de eficiencia, cobertura, impacto, a diferencia del Consejo de Evaluación de la Política Social del Distrito Federal que tiene en su portal de internet dicha información o el CONEVAL.
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