Entre los rasgos estructurales que caracterizan la precaria situación fiscal de México destacan los siguientes:
- Una corrupción administrativa tan profunda en magnitud, que produce escasos resarcimientos en el caso de los rescates financieros del pasado, pero con daños irreparables a la hacienda y el patrimonio públicos;
- Un contubernio de las autoridades hacendarias y de PEMEX para abrir cuentas en paraísos fiscales del Mar Caribe, sin que existan sanciones ejemplares;
- El modelo de estancamiento estabilizador basado en el control inflacionario, en las altas tasas de interés de los títulos de deuda del gobierno y la sobrevaluación de la moneda, no ayuda a la expansión sana del sector productivo y de la fiscalidad;
- Una clase gobernante que posibilita la condonación de créditos fiscales a los bancos y corporativos nacionales y extranjeros;
- Un marco legal que impide la generación de déficits fiscales de corto y mediano plazo, lo cual imposibilita la instrumentación de políticas anticíclicas, restándole capacidades de desarrollo al sector productivo y con efectos negativos en el empleo;
- Existencia de un régimen de privilegios para los deciles de mayores ingresos de la población, dado que no hay impuestos patrimoniales y donde no se les exige el pago del ISR para el caso de la enajenación de sus activos a favor de los capitales extranjeros, a través de la bursatilización de dichas operaciones.
En este sentido, la instrumentación de una verdadera política fiscal tiene que resolver estas restricciones, con el propósito de mejorar el entorno para las inversiones productivas. Debiera haber exenciones fiscales para premiar las innovaciones y las patentes creadas por los jóvenes y las empresas nacionales. Sin estos incentivos, difícilmente podrá fortalecerse la capacidad fiscal en el mediano largo, sin tener que incrementar los impuestos al consumo en alimentos y medicinas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario