La construcción de una nueva agenda de política exterior a partir de los consensos internos/I

Alfredo Carlos Victoria Marín

La construcción de una nueva agenda de política exterior a partir de los consensos internos/I

Desde que apareció el concepto de política económica exterior en los años noventa, pocos actores tomaron parte en las decisiones gubernamentales que tenían que ver con los impactos sociales y productivos relacionados con la negociación de los acuerdos comerciales, la apertura de la inversión extranjera, la autonomía de la banca central y las políticas fiscales restrictivas. Los únicos invitados a las negociaciones comerciales han sido las cámaras de industriales, los dueños de los bancos y sectores ligados a la exportación. La preeminencia de los asuntos económicos dentro de la agenda internacional ha sido uno de los rasgos distintivos de la política exterior mexicana, la cual ha seguido por la senda del aperturismo comercial y financiero, en detrimento del interés nacional. A casi dos decenios de instrumentado el modelo económico imperante, los responsables de la conducción del Estado mexicano siguen sin plantear a la sociedad cuáles son los intereses nacionales que deberíamos alcanzar y perseguir, junto con los instrumentos, recursos y acciones necesarias para ello.

Nos rezagamos en el campo de las tecnologías de la información frente a naciones como Brasil, India y China; no hay un proyecto nacional para formar científicos y tecnólogos donde pueda aprovecharse el talento de las generaciones de jóvenes, ya que hoy en día las universidades públicas y privadas padecen la falta de recursos públicos y de proyectos de largo plazo con impacto verdaderamente social que puedan retener y dar empleo a los recursos altamente calificados. No hay consensos sociales que nos coloquen en la ruta del desarrollo, dado que no hay una definición clara y explícita de los intereses nacionales.

¿Qué ha faltado? Naturalmente, la reforma del Estado. El régimen presidencialista mexicano restringe la participación de la sociedad civil toda vez que el artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al presidente de la República dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del senado, dejando precisamente a esa Cámara la facultad de analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el presidente y el secretario del ramo rindan ante el Congreso.

Es fundamental que se construya un sistema semipresidencialista donde pueda someterse a referéndum decisiones fundamentales de la política exterior de México, como ocurre en los países europeos.

Si bien en la glosa del informe de gobierno intervienen los diputados federales para hacer observaciones y cuestionamientos al Secretario de Relaciones Exteriores, no ha implicado en ningún caso reciente cambios de rumbo en la conducción de la política exterior mexicana, toda vez que el Ejecutivo Federal es quien toma las decisiones, muchas veces sin importar los costos internos.

La insistencia en promover una defensa errática de los derechos humanos en la región de América Latina y el Caribe ha sido uno de los desaciertos más desafortunados de la administración del Partido Acción Nacional, ya que esto ha llevado a un desgaste innecesario con muchos sectores sociales y con la opinión pública, dado que nuestras instituciones están muy lejos de garantizar la seguridad de los periodistas, y porque en México se cometen crímenes de lesa humanidad contra migrantes centroamericanos y sudamericanos.