La construcción de una nueva agenda de política exterior a partir de los consensos internos/III y última

Alfredo Carlos Victoria Marín

La construcción de una nueva agenda de política exterior a partir de los consensos internos/III y última

Sin duda, la incapacidad del Estado mexicano para meter en zona de solución los problemas de inseguridad que ya se han transformado en problemas de ingobernabilidad en diversas localidades fronterizas con Estados Unidos, ha convertido a la política exterior en un rehén de los intereses creados en México y Estados Unidos. El modelo neoliberal jamás planteó un proyecto nacional, ya que Carlos Salinas de Gortarí y su grupo, el cual todavía tiene posiciones de poder en el gabinete presidencial de Felipe Calderón, asumieron que con la sola exposición de la economía mexicana al comercio mundial se lograría resolver el problema de la desigualdad social y  las asimetrías en la distribución del ingreso. Craso error que será casi imposible revertir. Las acciones encaminadas a detener el crimen organizado en México se mueven entre el intervencionismo cauteloso de la Iniciativa Mérida y la descomposición de los cuerpos de seguridad locales, que no concitan mayor respaldo al interior de México ni en Washington. Nadie reconoce en el gobierno de Estados Unidos ni muchos menos en México que la migración y el avance del crimen organizado está en función directa al estancamiento económico que padece México desde 1982.

Así las cosas, se ha dejado de lado proyectos de largo aliento que impulsen la reindustrialización de México y la rearticulación de cadenas productivas, toda vez que se abandonó desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortarí la instrumentación de políticas industriales y tecnológicas, lo cual ha condenado a la dependencia externa de materias primas, maquinaria y equipo.

No termina la ambivalencia de la política exterior de México, ya que todo ejerció de la política conlleva establecer socios, aliados. A nadie en su sano juicio podría estar en contra de la importancia de equilibrar nuestras relaciones internacionales. Queda claro que países como China, India, Brasil, Corea del Sur, han realizado profundas transformaciones internas que han procurado proyectar al ámbito internacional en materia de crecimiento de las exportaciones, aumento de la competitividad en el comercio de manufacturas y tecnologías de la información. Sin embargo, México es incapaz de desarrollar una industria de la robótica a pesar de contar con el talento de los jóvenes.

Dada la actual crisis financiera global, México tendría que asumir un papel más destacado en la reforma de las instituciones que regulan las finanzas y la economía mundial. Nuestra diplomacia financiera tendría que pronunciarse contra la existencia de paraísos fiscales, por ejemplo. Las acciones a favor del desarme nuclear y la lucha contra el terrorismo deben habilitar a las instituciones de las Naciones Unidas para que bajo el amparo del derecho internacional y la cooperación para el desarrollo, se logren atender reclamos sociales históricos en diversos países subdesarrollados, que son la fuente del malestar que existe en el mundo gracias a la globalización financiera neoliberal, impulsada por los gobiernos de las grandes potencias y sus corporaciones.

Los intereses nacionales de México en este siglo XXI son tan obvios que no se requiere ser experto en política exterior. En la medida en que México recupere sus capacidades productivas endógenas, en donde el sector energético eleve sus niveles de inversión y reduzca la dependencia de insumos, materias primas y maquinaria del exterior, en esa medida México elevará sus niveles de crecimiento y de bienestar social. La oligarquía mexicana tiene que entender que los cambios en la política exterior son tan necesarios  para que nuestro país deje ser un estado fallido en diversos órdenes. A final de cuentas, es el reflejo de la política interna. La desigualdad social, la pobreza, la violencia del crimen organizado, los crímenes de lesa humanidad que se cometen en los estados fronterizos con Estados Unidos, la migración, se convierten en externalidades negativas que terminan afectando a las clases privilegiadas de México.

La construcción de una nueva agenda de política exterior a partir de los consensos internos/II

Alfredo Carlos Victoria Marín

La construcción de una nueva agenda de política exterior a partir de los consensos internos/II

La política exterior es la extensión de la política interior. En este sentido, los intereses nacionales que son la defensa de la planta productiva, el crecimiento económico y el pleno empleo, han sido relegados a un segundo plano. La dependencia comercial con un sólo mercado, la desintegración de las cadenas productivas en diversos sectores de la industria y una decreciente competitividad del aparato productivo mexicano incentivado por los bajos niveles de canalización del crédito al sector productivo y por el esquema tributario restrictivo, han ahogado la posibilidad de revertir la dependencia con el exterior. En más de un sentido, el país cuenta con las instituciones públicas capaces de dar aliento al nuevo crecimiento del país. Es bien sabido que la banca de desarrollo como Nafinsa y Bancomext tienen como propósito canalizar crédito a las pequeñas y medianas empresas, así como incidir en la sustitución competitiva de importaciones de insumos y materias primas, sin embargo, ha faltado la voluntad política para que esto llegue a ser una realidad.

Otro tema relacionado con la construcción de una nueva agenda de política exterior tiene que ver con la manera en cómo México se pronuncia en temas relacionados con los derechos humanos y los valores democráticos. Los dos gobiernos emanados del PAN en 2000 y 2006, asumieron en los hechos que tenían y tienen derecho a cuestionar la situación política interna de diversos países latinoamericanos como Cuba, Venezuela, Argentina, entre otros, sin que se haya realizado un debate interno que ponderara los flancos de vulnerabilidad de nuestro sistema político, en temas de una agenda internacional en la que no tenemos la autoridad moral suficiente o donde no se observa un compromiso interno para resolver temas ligados al déficit de gobernabilidad imperante.

Hace falta avanzar en la ampliación de la democracia y la renovación política a través de una mayor democracia participativa y deliberativa –plebiscito, referéndum, gobierno en red- y el rescate de espacios y territorios en manos de la criminalidad, como para después pensar en “continuar con la promoción internacional, los derechos y la dignidad de las personas”. Hay que buscar consensos internos que posibiliten defender dichas posturas con menor daño al prestigio diplomático de México.

Basta ver que la política interior aplicada por el actual régimen le ha apostado por la represión de los movimientos sociales –léase el conflicto de los mineros en Sicartsa, en Lázaro Cárdenas, la represión en San Salvador Atenco o el haber dejado a su suerte a los mineros de Pasta de Conchos en Coahuila-, ha violado los derechos laborales, humanos, la autonomía sindical y ha tornado nugatorio el acceso a la justicia, lo cual contradice lo que a nivel internacional pretende ser la política exterior de los gobiernos del PAN.

La discusión de la política exterior por parte de la sociedad civil sigue constituyendo un déficit de la naciente democracia mexicana. Como parte de las políticas públicas, sigue haciendo falta una evaluación más rigurosa de las acciones que en esta materia ejerce el Ejecutivo Federal. Es pregunta ¿Porqué la política exterior asigna una alta prioridad a la transnacionalización de nuestra economía a fin de atraer mayor inversión extranjera, consolidad exportaciones, sin antes discutir la importancia de contar con una política industrial propia o procesos de subvaluación de la moneda como lo hacen los chinos? ¿Por qué suponer que de la mano del mercado se logrará una competitividad sistémica, y más aún que ésta se alcanzará a través de bajos salarios para los trabajadores de las ciudades y del campo, como lo propone la iniciativa del PAN y del PRI?

¿Quiénes son los que se benefician de esta falta de rumbo para el país? ¿Es viable el país bajo estas condiciones? ¿Por qué la sociedad civil no tiene ningún peso en la manera en cómo México realiza sus relaciones internacionales? ¿Dónde quedó nuestro papel de promotor de iniciativas de corte multilateral para frenar el creciente clima de tensión internacional propiciado por el uso ilegal de la fuerza de las grandes potencias contra países como Irak o Afganistan? ¿México, su diplomacia, no requiere una nueva dignidad de negociación frente a Washington? ¿El uso del derecho internacional, la diplomacia, los buenos oficios, serán muros de contención para detener la militarización de las fronteras que producen políticas económicas fallidas? ¿México tendrá algo qué decir al respecto?

La construcción de una nueva agenda de política exterior a partir de los consensos internos/I

Alfredo Carlos Victoria Marín

La construcción de una nueva agenda de política exterior a partir de los consensos internos/I

Desde que apareció el concepto de política económica exterior en los años noventa, pocos actores tomaron parte en las decisiones gubernamentales que tenían que ver con los impactos sociales y productivos relacionados con la negociación de los acuerdos comerciales, la apertura de la inversión extranjera, la autonomía de la banca central y las políticas fiscales restrictivas. Los únicos invitados a las negociaciones comerciales han sido las cámaras de industriales, los dueños de los bancos y sectores ligados a la exportación. La preeminencia de los asuntos económicos dentro de la agenda internacional ha sido uno de los rasgos distintivos de la política exterior mexicana, la cual ha seguido por la senda del aperturismo comercial y financiero, en detrimento del interés nacional. A casi dos decenios de instrumentado el modelo económico imperante, los responsables de la conducción del Estado mexicano siguen sin plantear a la sociedad cuáles son los intereses nacionales que deberíamos alcanzar y perseguir, junto con los instrumentos, recursos y acciones necesarias para ello.

Nos rezagamos en el campo de las tecnologías de la información frente a naciones como Brasil, India y China; no hay un proyecto nacional para formar científicos y tecnólogos donde pueda aprovecharse el talento de las generaciones de jóvenes, ya que hoy en día las universidades públicas y privadas padecen la falta de recursos públicos y de proyectos de largo plazo con impacto verdaderamente social que puedan retener y dar empleo a los recursos altamente calificados. No hay consensos sociales que nos coloquen en la ruta del desarrollo, dado que no hay una definición clara y explícita de los intereses nacionales.

¿Qué ha faltado? Naturalmente, la reforma del Estado. El régimen presidencialista mexicano restringe la participación de la sociedad civil toda vez que el artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al presidente de la República dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del senado, dejando precisamente a esa Cámara la facultad de analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el presidente y el secretario del ramo rindan ante el Congreso.

Es fundamental que se construya un sistema semipresidencialista donde pueda someterse a referéndum decisiones fundamentales de la política exterior de México, como ocurre en los países europeos.

Si bien en la glosa del informe de gobierno intervienen los diputados federales para hacer observaciones y cuestionamientos al Secretario de Relaciones Exteriores, no ha implicado en ningún caso reciente cambios de rumbo en la conducción de la política exterior mexicana, toda vez que el Ejecutivo Federal es quien toma las decisiones, muchas veces sin importar los costos internos.

La insistencia en promover una defensa errática de los derechos humanos en la región de América Latina y el Caribe ha sido uno de los desaciertos más desafortunados de la administración del Partido Acción Nacional, ya que esto ha llevado a un desgaste innecesario con muchos sectores sociales y con la opinión pública, dado que nuestras instituciones están muy lejos de garantizar la seguridad de los periodistas, y porque en México se cometen crímenes de lesa humanidad contra migrantes centroamericanos y sudamericanos.

La interpretación jurídica en la obra de Riccardo Guastini

Alfredo Carlos Victoria Marín

La interpretación jurídica en la obra de Riccardo Guastini

El trabajo académico del jurista italiano Riccardo Guastini ha tenido una enorme influencia en nuestro país. Guastini considera que los jueces no pueden limitarse a la interpretación textual, por lo que propone que para la aplicación del derecho es necesario la interpretación de las fuentes y la calificación del supuesto de hecho. Para Guastini, hay dos tipos de interpretaciones que son las de tipo doctrinal o las judiciales pero lo que las distingue entre sí es por su fuerza.  A las interpretaciones judiciales de una determinada disposición, la entiende como la decisión que toman los jueces. De igual manera, la interpretación doctrinal  de una determinada disposición puede ser entendida como una recomendación dirigida a los jueces para atribuir a una disposición un determinado significado. Para Guastini, interpretar implica una actividad intelectual que busca averiguar o decidir el significado de algún documento o texto jurídico. En otras palabras, interpretar significa clarificar el contenido o campo de aplicación de la norma al caso concreto. Dice Guastini que cuando se presentan dudas o controversias en torno al significado de un texto jurídico oscuro, se requiere tomar una decisión con relación al significado de estos enunciados.

Los jueces tienen la obligación de hacer interpretación apegada a los textos, sin que conlleve hacer exclusivamente una interpretación literal, sin embargo, la interpretación de cualquier texto, en cualquier situación, requiere interpretación.

También la interpretación implica reformular el texto en una lengua diversa. Los vehículos materiales donde está presente todo ejercicio de interpretación los encontramos en los enunciados normativos que adscriben significado a un texto normativo. A través de estos enunciados puede comprobarse la veracidad o falsedad.

De la teoría de interpretación de Guastini, destaca que las técnicas interpretativas que existen, pueden dirigirse a la construcción del conocimiento jurídico y por otro lado supone decisiones discrecionales que asumen los juzgadores. En nuestra opinión, los legisladores tendrían que formular leyes o disposiciones jurídicas lo más claras y precisas posibles, para que la interpretación que hagan los jueces sea objetiva, imparcial y legal. Cuantas veces escuchamos que los jueces en aras de sus decisiones discrecionales asignan significados  que no corresponden con el contenido de  los textos o disposiciones. Más que generar certeza jurídica, la interpretación al caer en terrenos más pantanosos, deja de cumplir con su papel que es desentrañar el significado de las disposiciones.

La interpretación jurídica según Rolando Tamayo y Salmorán

Alfredo Carlos Victoria Marín

La interpretación jurídica según Rolando Tamayo y Salmorán

Quienes consideran la inutilidad de estudiar el derecho a la luz del significado primigenio que imprimieron los antiguos, en especial, los romanos, están sumamente equivocados. El esclarecimiento conceptual del derecho como aportación cumbre de Roma, debe generar más luces que sombras, en materia de argumentación jurídica. Desde que apareció codificado de forma escrita el término interpretatio, los romanos querían establecer un orden jurídico con más variantes de aplicación.

No deja de llamar la atención que el derecho tiene una forma particular de materializarse, lo cual lo podemos encontrar en el lenguaje jurídico prescriptivo. Con la aparición de los testamentos, contratos y constituciones, la interpretación se convirtió en una actividad especializada, toda vez que en Roma los individuos que se encargaban de darle significación a los textos jurídicos eran los llamados “órganos”, quienes en los hechos se convertían en los creadores del derecho. Los romanos enseñaron al mundo que el significado del lenguaje jurídico depende de la cultura, de los sentimientos, credo político, religión, posición social del órgano que interpreta. Así las cosas, la significación dada a los textos jurídicos es lisa y llanamente un acto de creación del orden jurídico positivo.

Sin embargo, la interpretación jurídica no es monopolio exclusivo de los órganos aplicadores del derecho, ya que toda persona que realiza una interpretación jurídica se convierte en un traductor o interprete de las leyes. A esto se le llama discurso descriptivo, ya que el discurso prescriptivo es el que emplean los jueces. La forma de interpretar los conceptos jurídicos conforma un metalenguaje, el cual puede apreciarse en la jurisprudencia moderna, ya que usa los conceptos forjados por los juristas romanos. La sapientia iuris de los romanos, es decir el conocimiento jurídico plasmado en el derecho y en su aplicación a través de la jurisprudencia, dejó atrás el mundo de los oráculos griegos, quienes se dedicaban a la adivinación o a la interpretación de los designios de los dioses.

El uso de la razón jurídica constituyó un parteagüas en la historia de la humanidad, ya que por primera vez la mente humana pudo hacer una distinción entre el mundo de la moral y el derecho, es decir pudo apreciarse de manera nítida la separación de la esfera religiosa y la civil. La descomposición de la palabra jurisprudencia, nos indica que la prudencia era una condición fundamental que indica qué hacer con los textos jurídicos. En estos tiempos de confusión e incertidumbre, la prudencia como valor, debiera estar aplicarse en el discernimiento de los principios fundamentales del derecho. No es lugar común, que el mundo de la razón jurídica muchas veces da acceso a las consignas políticas y prejuicios de los juzgadores a la hora de interpretar y aplicar la jurisprudencia y demás fuentes del derecho. Los jurisconsultos romanos nos enseñaron como hacer uso de la razón jurídica.

La regla de reconocimiento y la validez de las normas

Alfredo Carlos Victoria Marín

La regla de reconocimiento y la validez de las normas

Siguiendo la argumentación anterior, en la ciencia del derecho ha cobrado gran significación el principio de la regla de reconocimiento y de la validez jurídica de las reglas como parte de la argumentación de las decisiones de los jueces. La regla de reconocimiento utiliza una regla secundaria de reconocimiento para la identificación de reglas primarias de obligación La regla de reconocimiento deriva su validez de las reglas que han sido elaboradas de acuerdo al procedimiento legislativo. Dichas reglas de reconocimiento las encontramos en la constitución, aprobación o autorización de actos jurídicos por parte de la legislatura y en las decisiones judiciales dictadas en casos particulares. En el caso de que en nuestro país una ley fuera aprobada pero no promulgada en el Diario Oficial de la Federación, no es válida.

Una situación donde entra en operación la regla de reconocimiento lo tenemos en la vigencia del common law de los anglosajones, ya que éste está subordinado a las leyes y además puede verse privado de su estatus de derecho por una ley.

En este sentido, la regla de reconocimiento a veces se encuentra formulada como una regla y su existencia se muestra en la manera en que las leyes particulares son identificadas por los tribunales u otros funcionarios.

El uso que le dan los jueces y autoridades administrativas a las reglas de reconocimiento no expresadas, para identificar reglas particulares del sistema jurídico, es característico del aspecto interno de las reglas, es decir, son los jueces quienes las  van a emplear como reglas orientadoras empleando un vocabulario distinto de las expresiones naturales del aspecto externo de las mismas. Esto significa que son aplicadas las reglas sin enjuiciar el hecho de que si son aceptadas por los demás.  Esto nos remite a la eficacia de una regla particular que puede o no afectar su validez y una inobservancia general de las reglas del sistema.

La validez de las normas supone que cada una de ellas satisface todos los requisitos establecidos en la regla de reconocimiento y que es una regla del sistema. Así las cosas, aun cuando es desobedecida una regla que es válida dentro del sistema jurídico, ha de ser instrumentada por los tribunales, servidores públicos y hasta por particulares. Las reglas de conducta válidas según el criterio de validez tienen que ser obedecidas y sus reglas de reconocimiento tienen que ser efectivamente aceptadas por los servidores públicos como pautas o modelos públicos de conducta.

¿Por qué el derecho debe ser obedecido?

Alfredo Carlos Victoria Marín

¿Por qué el derecho debe ser obedecido?

Tal vez esta sea una de las preguntas que más significado ético y moral tiene para la sociedad. Para los juristas contemporáneos como H. L. A. Hart, la idea de la obligación está estrechamente relacionada con la existencia de una regla, toda vez que la conducta estipulada por las reglas es consideraba como una obligación. Se dice comúnmente que las reglas cuando han sido transgredidas producirían un sentimiento de remordimiento, vergüenza o culpa en torno a quien no las haya respetado,  toda vez que al ser producto de la presión social son fundamentales para que se conserve la vida colectiva. Las reglas no requieren el uso de la fuerza para que sean consideradas como obligaciones. Tan es así que la honestidad, la veracidad, la transparencia, la probidad son consideradas como reglas, deberes y obligaciones. Si el derecho no es obedecido desde el punto de vista de las reglas, dejaría de serlo.

La vida social puede atribuirle un gran valor, por ejemplo al cumplimiento de las promesas verbales estipuladas en las transacciones mercantiles, por lo que su incumplimiento puede generar una hostilidad social hacia el infractor.

Sin duda, las reglas concebidas como obligación forzosamente nos obligan a renunciar o sacrificar el ejercicio de conductas sancionadas socialmente. La presión social bien podría considerarse como el tribunal supremo que imponen las obligaciones, reglas y deberes. Cabe recordar que las reglas se componen de aspectos internos y externos. Así las cosas, al tener la obligación de acatar las  obligaciones, cada uno de nosotros  acepta las reglas del juego  y son usadas como guías para conducir la vida social, además de que sirven como fundamento para reclamaciones, demandas, reconocimientos, críticas o castigos. Si alguien perteneciente a un grupo no respeta las reglas y obligaciones establecidas con antelación, se exponen a una serie de consecuencias desagradables como el rechazo, repudio o enfrentar un clima de hostilidad física. Si alguien decidiera vivir afuera de un supermercado, inmediatamente recibiría el rechazo –tal vez hostil- de las personas que quisieran ingresar sin obstáculos a un centro comercial.

La vida colectiva se rige por reglas jurídicas y no jurídicas, lo cual muchas veces se traduce en tensión entre quienes aceptan voluntariamente las reglas y cooperan en su cumplimiento y entre quienes optan por rechazarlas a sabiendas o no de la probabilidad de un castigo. La conducta externa de los individuos cuando atenta contra los valores socialmente aceptados puede propiciar desviaciones y trastornos de la vida pública. Esto puede apreciarse cuando las conductas observan un patrón de comportamiento de forma regular, donde puede afirmarse que ha quedado establecida la conformidad de los individuos con las reglas impuestas.