La guerra contra el crimen organizado y el derecho humanitario internacional

La declaración unilateral de Guerra que lanzara Felipe Calderón en contra del crimen organizado al inicio de su administración, no sólo es cuestionada y cuestionable por los costos en vidas humanas, sociales y productivos que ésta ha ocasionado en zonas muy localizadas del país, sino por la falta de previsión y planeación, la cual debió haber sido consensada con los poderes públicos.

La no observancia del  artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deja al descubierto la incapacidad y cerrazón del Estado mexicano para enfrentar con el derecho en la mano, las acciones ilegales del crimen organizado contra la población. Dice este artículo:

Artículo 29.- En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los Titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde.

En diversas localidades de los estados de Tamaulipas, Chihuahua y Michoacán, se han registrado fenómenos que pueden considerarse como perturbaciones graves de la paz pública, ya que sean detectado fosas comunes de cientos de personas, lo cual advierte la perpetración de  crímenes de lesa humanidad en contra de migrantes, la abdicación de las policías municipales de sus tareas básicas, el asesinato regular de periodistas, secuestros sistemáticos  contra ciudadanos y el establecimiento de grupos mafiosos que realizan actividades reservadas al Estado. En estricto sentido, esto constituye sendos peligros para la vida de las personas, por lo que el Estado mexicano debió haber tomado las previsiones necesarias para poder restablecer las condiciones de seguridad y protección de las personas respetando el marco constitucional vigente y las reglas del Derecho Humanitario Internacional.

El Estado mexicano y sus autoridades no han puesto en marcha los procedimientos constitucionales y legislativos enunciados arriba, para atender los graves problemas de inseguridad que a todas luces  amenazan de forma permanente el ejercicio de las libertades individuales, el derecho a la vida y al patrimonio de las personas, dado que el artículo 29 de la Constitución establece que para restablecer las condiciones de seguridad mínimas  que el Estado está obligado a prestar a la sociedad, se “podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo.”

Como ha habido un costo alto en vidas humanas, donde la población civil ha sido expuesta dentro de una virtual guerra civil desde 2006, año en que se oficializó una guerra contra el crimen organizado, las medidas contenidas en el artículo 29 Constitucional fueron obviadas,  sin embargo, por las consecuencias internas que estos supone, el Estado mexicano está obligado a respetar el Derecho Humanitario Internacional para el caso de conflictos internos. De acuerdo al Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, el cual entró en vigor el 7 de diciembre de 1978, con relación al párrafo 1 del artículo 1 de dicho instrumento establece

“1. El presente Protocolo, que desarrolla y completa el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949…se aplicará a todos los conflictos armados que no estén cubiertos por el artículo 1 del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I) y que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo”.

Por ejemplo, la acción ilegal de grupos armados organizados ha dado pauta a la aparición de comunidades de personas desplazadas en el Estado de Tamaulipas, sin embargo,  la intervención del ejército no ha posibilitado la protección de las personas que no participan directamente en la guerra contra el crimen organizado del gobierno federal, ya que ha quedado expuesto a la opinión pública que ha habido atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las personas, en particular el homicidio y los tratos crueles tales como la tortura y las mutilaciones o toda forma de pena corporal, contraviniendo lo dispuesto en el inciso a) párrafo 2 del artículo 4 del Protocolo relativo a las garantías fundamentales.

Asiste el derecho para que los familiares de las víctimas civiles de la guerra contra el crimen organizado exijan el esclarecimiento de dichos delitos, más aún cuando haya habido el asesinato de civiles a manos de militares, sin haber adoptado las medidas de seguridad establecidas en el Protocolo II. Es menester señalar que la intervención de relatores internacionales de Naciones Unidas puede ser invocada por los familiares y deudos de las víctimas, ya que el monitoreo permanente de la ONU, no es un asunto en el que se deba pedir permiso a las autoridades mexicanas, ya que están siendo afectadas normas imperativas de derecho (jus cogens) que el Estado mexicano no ha atendido.

Políticas públicas contra la pobreza

¿Cómo construir propuestas de política pública para el desarrollo social, cuando los mecanismos de participación social siguen estando controlados o por lo menos restringidos al marco institucional-burocrático, que sólo considera la supervisión y vigilancia de los recursos federales descentralizados a las entidades federativas y municipios, como el Ramo 33 o los estatales como el PAGIM y GIS? ¿Por qué la construcción de políticas públicas para enfrentar la urbanización de la pobreza o la descentralización de recursos federales como el programa Hábitat, siguen formando parte de las agencias y dependencia federales, cuando hay un reclamo local para construir políticas sociales locales complejas y más descentralizadas?

¿Porqué no pueden construirse espacios públicos locales, donde la participación ciudadana y social, que refuercen la solidaridad, la cooperación y el trabajo en equipo, haciendo a un lado las fuerzas atomizador del mercado, como único y posible eje articulador de las relaciones sociales? ¿Por qué no superar el falso debate que defienden las élites tecnocráticas respecto a la reducción del Estado y del populismo que solapa esta política, en lugar de plantear respuestas locales a los graves problemas suscitados por la marginación y exclusión sociales?

Y en todo caso, por qué no replantear la construcción de un Estado de bienestar promovido por el cambio de políticas económicas y por una nueva corresponsabilidad de los gobiernos locales en el desarrollo social y económico.

¿Acaso la manera de atender la cuestión social no tiene nada que ver con la manera en cómo se lleva a cabo el ejercicio de la política, del poder, de la gobernabilidad y de la gobernanza? Un nuevo consenso social y político en el ámbito local habría de atender las inseguridades globales generadas por el desempleo estructural, falta de vivienda, la exclusión social, la pobreza, la marginalidad, la violencia barrial.

La urbanización de la pobreza, ha creado extensos territorios, los cuales se caracterizan por la marcada desigualdad social, además de que la marginación y exclusión sociales imposibilita que la población de bajos ingresos acceda a bienes y servicios básicos. La segmentación social y la segregación urbana y territorial, conforman el rasgo más representativo de las zonas metropolitanas del Valle de México y del Valle de Toluca. Lo anterior es terreno fértil para la proliferación del crimen organizado.

El problema de fondo reside que las autoridades estatales que han instrumentado acciones asistencialistas entre 2005-2011 en el Estado de México, han pospuesto la discusión abierta e integral de estos temas con la sociedad. Una propuesta para medir el alcance del trabajo de la política asistencialista en el Estado de México, es contar con un Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social en el Estado de México, conformado por especialistas de gran solvencia académica, ya que actualmente no hay estudios al alcance de la población sobre indicadores de eficiencia, cobertura, impacto, a diferencia del Consejo de Evaluación de la Política Social del Distrito Federal que tiene en su portal de internet dicha información o el CONEVAL.

México: La cuestión de las izquierdas/II y último

México: La cuestión de las izquierdas/II y último

La búsqueda de un verdadero Estado de derecho, no ha sido totalmente un objetivo de la izquierda en México, pese haber sufrido durante décadas la persecución política del régimen. No habrá democracia económica, si primero no existe un compromiso explicito y político para enfrentar la corrupción en todos los ámbitos donde está se haya anidado. La defensa de los de abajo, de los excluidos, de los marginados, no se logrará en tanto no haya congruencia en el pensar y actuar de los representantes populares que emanen de partidos de izquierda. El sectarismo es el enemigo a vencer. No se puede atender la pobreza desde la lógica de los programas clientelares y corporativos, ni expoliar el erario. En otras palabras, la izquierda no tiene porque recrear viejas formas de captura del Estado, lo hemos dicho hasta la saciedad. Y mucho menos, la izquierda no debe ser cómplice de prácticas y acciones deshonestas cometidas por integrantes o no de grupos en el poder. No habrá verdadero proyecto de nación, mientras tanto las organizaciones de izquierda no saneen sus filas de personajes que han estado identificados con la corrupción y el crimen organizado. Esa es una mínima condición para obtener la confianza de los electores a quienes se quiere representar. Es una vergüenza que en estos tiempos de hartazgo social por la incapacidad de las instituciones del Estado para brindar seguridad y protección a sus habitantes, no se vea a la izquierda como opción para atender este reclamo en el 2012. Preocupa demasiado que entidades como Michoacán, Guerrero o Zacatecas hayan perdido sus gobernantes el sentido de la ética de la responsabilidad y del mandar obedeciendo. La lealtad al Estado y a los ciudadanos son elementos que deben caracterizar a la izquierda, si realmente quiere ser opción política y protagonista de la transformación de México.  La denuncia de los ciudadanos y la construcción de gobiernos autogestionarios son las pocas herramientas para la construcción del tejido social que rompió desde hace décadas, justamente cuando los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortarí, decidieron desmantelar y privatizar los activos de la nación.

México: La cuestión de las izquierdas/I

Las izquierdas mexicanas enfrentan tres problemas centrales: la precaria institucionalización de su vida organizativa, su desinterés en la interpretación de los sentimientos sociales de la población y su marcado antiintelectualismo. Dichos asuntos devienen en que las izquierdas en su conjunto han perdido de vista su papel protagónico en la transformación progresista de nuestro país. Estos dos graves problemas estructurales ocurren en un contexto donde muchos de los líderes y caciques de las principales corrientes de los tres partidos de la izquierda (PRD, PT y Convergencia) provienen de movimientos sociales, de la guerrilla o del PRI, cuyo funcionamiento no estaba determinado por mecanismos democráticos, sino donde las decisiones giraban en función de la sobrevivencia política. Por eso, los detractores de la derecha, acusan a las izquierdas por su pretensión de instaurar programas estatistas o populistas de gobierno. Desde que el alzamiento del EZLN hasta el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, la precaria institucionalización de las izquierdas ha fortalecido el avance de la derecha, el PAN, al no haberse convertido en una opción política capaz de competir con sus adversarios en cualquier parte del país.

La gran mayoría de los líderes históricos de las izquierdas, al ocupar con mayor reiteración cargos de representación popular a partir de 1997, fueron alejándose del trabajo de base y pocos de ellos se han preocupado por abanderar acciones a favor de la inclusión social de los grupos humanos que se encuentran en la marginalidad y la pobreza. Las políticas sociales instrumentadas en la Ciudad de México deben ser vistas como acciones encaminadas a no retardar  el reconocimiento de las personas al acceso de la cultura, la recreación, la educación, la vivienda,  la salud. No ha habido en otras entidades y municipios gobernados por “las izquierdas”, intentos que pudieran replicar lo hecho en la capital del país, ya sea por falta de recursos, ideas o voluntad política.

Los tres partidos de izquierda se han alejado de las y los jóvenes de México, ya que no hay una vocación progresista de las organizaciones políticas. Más bien, los vientos de transformación provienen de diversos sectores de las clases medias urbanas que se han aglutinado en torno a la condena de la violencia proveniente del crimen organizado y de las fuerzas del Estado. 

Han sido infructuosos los intentos de personas y grupos aislados para ofrecer a la población una opción política viable, aun cuando las condiciones históricas hagan necesaria la presencia de la izquierda. Sigue quedando pendiente que la izquierda promueva la separación del Estado y las iglesias, así como la instauración de un verdadero estado de derecho, que posibilite el reconocimiento de los derechos sociales y la protección de las libertades individuales fundamentales.

La democratización interna de los partidos que aglutinan a un espectro de las izquierdas,  es fundamental para ser opción frente al electorado mexicano. El sistema capitalista que rige y gobierna a México debe ser cambiado por un modelo de desarrollo que vea a las personas como seres con derechos y obligaciones y no como entes económicos, tal como lo hace el neoliberalismo. Desde el punto de vista del derecho y de la defensa de los intereses de las mayorías, debe denunciarse el crecimiento insostenible de la deuda pública interna y externa durante los 10  últimos años, ya que de nueva cuenta vuelve a hipotecarse la renta petrolera y los impuestos de los contribuyentes. Ha sido el modelo neoliberal muy favorecido por  el sistema político y jurídico vigente, toda vez que la izquierda no ha podido generar una fuerza moral para denunciar los rescates carreteros, bancarios, la entrega de la renta petrolera al Tesoro de Estados Unidos en 1995, el aumento de la deuda interna en manos de extranjeros, lo cual ha quitado margen de maniobra al Estado mexicano para dirigir los procesos económicos fundamentales, tal y como lo establecen  los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.