Cómo instrumentar una política fiscal para el crecimiento de México/II

Entre los rasgos estructurales que caracterizan la precaria situación fiscal de México destacan los siguientes:

• Una corrupción administrativa tan profunda en magnitud, que produce escasos resarcimientos en el caso de los rescates financieros del pasado, pero con  daños irreparables a la hacienda y el patrimonio públicos;
• Un contubernio de las autoridades hacendarias y de PEMEX para abrir cuentas en paraísos fiscales del Mar Caribe, sin que existan sanciones ejemplares;
• El modelo de estancamiento estabilizador basado en el control inflacionario, en las altas tasas de interés de los títulos de deuda del gobierno y la sobrevaluación de la moneda, no ayuda a la expansión sana del sector productivo y de la fiscalidad;
• Una clase gobernante que posibilita la condonación de créditos fiscales a los bancos y corporativos nacionales y extranjeros;
• Un marco legal que impide la generación de déficits fiscales de corto y mediano plazo, lo cual imposibilita la instrumentación de políticas anticíclicas, restándole capacidades de desarrollo al sector productivo y con efectos negativos en el empleo;
• Existencia de un régimen de privilegios para los deciles de mayores ingresos de la población, dado que no hay impuestos patrimoniales y donde no se les exige el pago del ISR para el caso de la enajenación de sus activos a favor de los capitales extranjeros, a través de la bursatilización de dichas operaciones.

En este sentido, la instrumentación de una verdadera política fiscal tiene que resolver estas restricciones, con el propósito de mejorar el entorno para las inversiones productivas. Debiera haber exenciones fiscales para premiar las innovaciones y las patentes creadas por los jóvenes y las empresas nacionales. Sin estos incentivos, difícilmente podrá fortalecerse la capacidad fiscal en el mediano largo, sin tener que incrementar los impuestos al consumo en alimentos y medicinas.

Cómo instrumentar una política fiscal para el crecimiento de México/I

Cómo instrumentar una política fiscal para el crecimiento de México

Parte I

Alfredo Carlos Victoria Marín

El documento de trabajo titulado “What is a “Competitive” Tax System”, (2011) OECD Taxation Working Papers, No. 2; OECD, de Stephen Matthews, define a la competitividad como un conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país, donde el nivel de productividad en cambio establece el nivel sustentable de los estándares de vida. Nos señala que en el Informe Global de Productividad contiene 12 pilares de competitividad: (1) instituciones; (2) infraestructura; (3) entorno macroeconómico; (4) salud y educación básica; (5) educación superior y capacitación; (6) eficiencia de los bienes de mercado; (7) eficiencia del mercado laboral; (8) desarrollo de los mercados financieros; (9) preparación tecnológica; (10) tamaño del mercado; (11) sofistificación de los negocios; (12) innovación.

Adelantándonos a lo que el especialista quiere discutir, es preciso señalar que México al tener un bajo nivel de bancarización por habitantes, representa una seria restricción para la conformación de un verdadero sistema fiscal federal. Los resultados de la prueba PISA (,Programme for International Student Assesment  por sus siglas en inglés) nos señala que el desempeño escolar de los jóvenes de 15 años de edad en compresión de lectura, matemáticas y ciencias, es uno de los bajos de los países de la OCDE, lo cual advierte que la brecha que existe entre Finlandia y Korea, países punteros en la evaluación PISA con relación a México, equivale a dos años escolares.

Los incentivos para la inversión no solamente están determinados por los anteriores pilares, sino que están, según el paper aludido, influenciados por los derechos de propiedad y niveles de confianza. Así las cosas, la política fiscal puede contribuir a la competitividad económica siempre y cuando se incluyan: (1) el incremento de los ingresos fiscales que sean aceptados como justos, a efecto de alcanzar altos niveles de aceptación voluntaria por parte de los contribuyentes; (2) una buena administración que sea efectiva en disuadir la evasión, reforzando la cohesión social sin conceder ventajas injustas que acrecienten los beneficios a las empresas que evaden impuestos; (3) un sistema fiscal que no esté abierto a la corrupción y que instrumente leyes fiscales consistentemente e imparcialmente y haga un régimen fiscal predecible que reduzca los grados en que pueda desalentarse la inversión; (4) un sistema fiscal que reduzca los montos económicos destinados a la recaudación de impuestos.

Al respecto queda agregar que las empresas mexicanas destinan más de 517 horas al año para cumplir con sus obligaciones fiscales, según los datos del documento publicado por el Banco Mundial-Corporación Financiera Internacional en 2010 titulado Paying Taxes 2010. The Global Picture, lo cual desalienta la competitividad de nuestro país. México ocupa el lugar 167 de 183 países del  informe.