condiciones básicas para construir un Estado progresista en el Estado de México

Condiciones básicas para construir un Estado progresista en el Estado de México.
Alfredo Carlos Victoria Marín

§  Reconocer que el modelo económico adoptado desde 1983 ha frenado el potencial productivo para generar crecimiento económico sostenido y pleno empleo.

§  Reconocer que las políticas económicas fiscales y monetarias sólo atienden variables macroeconómicas como el control de la inflación y la estabilidad de la moneda, sin que haya políticas deliberadas para conceder crédito barato para las PYMES, la inversión pública y el ahorro.

§  Es fundamental reconocer la importancia que los derechos y políticas sociales estén garantizados en una Ley de Desarrollo Social y Cohesión Comunitaria.

§  Austeridad, transparencia, eficacia y eficiencia en la ejecución del gasto público.

§  Ciudades que generen valor económico; presupuestos participativos y presupuestos donde se destinen más del 50% al gasto de inversión y acciones sociales.

§  Crear un sistema estatal de investigación y desarrollo para todas las áreas del conocimiento. (Ciencias básicas y aplicadas, Humanidades, Ciencias Sociales).

§  Reducir las tasas impositivas a las empresas de reciente creación y premiar la innovación con estímulos fiscales, que fomente la creación de patentes.

§  Brindar la cobertura educativa para todos los niveles educativos del  Preescolar hasta bachillerato.

§  Blindar la educación con un sistema de becas para el estudio y el deporte, bibliotecas bien equipadas, espacios deportivos. Seguros de desempleo para los jóvenes desempleados.

§  Protección social para la niñez y los jóvenes.

§  Creación de la Banca Social: que apoye políticas sociales urbanas, como la construcción social de vivienda y financiamiento público a micros y pequeñas empresas.

§  Acciones concretas y eficaces que sancionen la corrupción política y administrativa, la cual socava la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, generando con ello desaliento y frustración social.

§  Combate a la evasión fiscal; fortalecimiento de la capacidad tributaria de los gobiernos locales.

§  Crear un sistema estatal de evaluación del desempeño de los gobiernos locales con la participación del sector académico, social y empresarial.

§  Garantizar las libertades civiles, políticas y religiosas, así como los derechos de las minorías y grupos vulnerables de la sociedad.

§  Considerar como principio constitucional a la rendición de cuentas, para que todo servidor público esté obligado a explicar y exponer públicamente las razones y argumentos que sustenten su actuar ante la sociedad.

Hacia una teoría de las relaciones sociales de corrupción/III y última

Es indiscutible que el capitalismo como modo de producción, ha estructurado sus relaciones  sobre la base de la explotación y expoliación del trabajo socialmente necesario, donde los dueños de los medios de producción, al ser los capitalistas, requieren de la mano de obra de los trabajadores para producir mercancías (en su modalidad de bienes y servicios) y desde luego de un Estado burgués para que haga valer los derechos de propiedad y la regulación de las relaciones laborales entre los dueños del capital y los trabajadores.

El modo de producción capitalista estructura sus relaciones sociales sobre la base de la acumulación mediante la plusvalía obtenida del trabajo. Al menos eso nos dice la teoría formulada por Marx en el tomo I de El Capital. La economía subterránea de la que se habla en la Unión Europea y Estados Unidos es la otra cara de la moneda que sin duda sostiene el modo de producción capitalista. El hecho de que los trabajadores que emigran a estos países, se ocupen en empleos de baja remuneración salarial sin posibilidad de tener acceso a la seguridad social, fortalece los mecanismos ilegales de acumulación capitalista.

Los fenómenos contemporáneos ligados directamente con la corrupción política-administrativa, al estar insertos dentro del modo de producción capitalista, generan  pautas de acumulación basadas en la apropiación indebida del presupuesto público o en la posición política administrativa para extraer renta y riqueza de los particulares, al margen de las disposiciones jurídicas que prohíben el enriquecimiento ilícito y el peculado.

Hacia una teoría de las relaciones sociales de corrupción/II

El mecanismo ha sido tan funcional para los intereses de la oligarquía política y financiera mexicana, que las fugas de capital forman parte de las venas abiertas de América Latina. En este sentido:

Existe una relación estable entre el volumen de los flujos ilícitos salientes y la fase previa e inmediatamente posterior a las crisis macroeconómicas que ha sufrido México en estos 41 años. En lo que respecta  a las seis crisis estudiadas, los flujos ilícitos se incrementaron en el año de la crisis en comparación con los dos años anteriores a la crisis. Especialmente durante:

La crisis del precio del petróleo de 1973, en que los flujos ilícitos de salida representaron el 4.4% del PIB, casi 4 veces la media anual de los dos años anteriores a la crisis (1.15%).

La crisis de la balanza de pagos de 1976, los flujos ilícitos ascendieron al 5.6% del PIB, lo que también supera la media anual del 3.2% registrada en 1974 y 1975.

La crisis de deuda de 1982, durante la cual los flujos salientes ascendieron al 5.3% del PIB, comparados con una media del 3.5% en 1980 y 1981.

La crisis del petróleo de 1986, en que los flujos ilícitos alcanzaron el 8.1% del PIB, una cifra bastante superior a la media del 5.1% registrada entre 1984 y 1985.

La crisis del peso de 1994, en que los flujos de salida ascendieron al 3.8% del PIB lo que prácticamente triplica la media del 1.3% del periodo 1992-1993.

         La crisis económica mundial de 2007, en que los flujos ilícitos se elevaron hasta el 8.8% del PIB, mientras que la media anual entre 2005-2006 fue del 5.5%.

Si realmente existiera un verdadero clima de cooperación financiera binacional entre Estados Unidos de Norteamérica y México, las clases gobernantes mexicanas habrían sido descubiertas por el manejo ilegal de recursos públicos, lo cual desincentivaría el flujo de recursos hacia ese país, y ello no conviene a los intereses de la banca estadounidense, tan vapuleada por la actual crisis financiera originada por los créditos subprime. En tiempos no tan lejanos como en la crisis de la deuda de los países latinoamericanos, los programas de refinanciamiento de la deuda y la transferencia de recursos netos al exterior que generaba su servicio, no dejó descobijados a los bancos comerciales de Estados Unidos y de Europa Occidental.

Si se considera a la economía sumergida como el conjunto de actividades relacionadas con el comercio informal y los empleos que no están registrados en los sistemas de seguridad social, nos dice demasiado con relación a la  precariedad de la fiscalidad mexicana. Tan sólo en 2010, representó 35.6% del PIB. Sin embargo, en 2002, la economía sumergida llegó a 51.6% del PIB, pero el nivel más elevado en el periodo se registró en 1989, que fue del 70% del PIB.

Hacia una teoría de las relaciones sociales de corrupción/I

La empresa Global Financial Integrity, ha encontrado evidencia empírica a través de un modelo residual de simulación aplicado por el Banco Mundial, para  el periodo 1970-2010 donde los flujos de dinero ilícito que pasaron por el sistema financiero mexicano alcanzaron los 872 mil millones de dólares (Gráfica 1). Durante la primera década de este siglo, sus flujos salientes anuales medios ascendieron a 50 mil millones de dólares. Es la propia desregulación financiera la que hace que el capitalismo opere sin controles y sin alguna regulación –y apoyado por la complicidad de  las autoridades de los Estados. Por ende, las desigualdades sociales y la pobreza se exacerban debido a la incapacidad institucional del Estado para frenar la salida de fondos ilegales de México. Como lo señala Global Financial Integrity, “los flujos de capital saliente no registrados conllevan la acumulación de activos extranjeros por parte de residentes en contra de las leyes aplicables y el marco normativo del país.”

¿Donde ha quedado la responsabilidad del Estado? Hay un poder fáctico financiero paralelo al mismo Estado, el cual pone en riesgo la misma seguridad nacional y la capacidad de ejercer jurisdicción sobre los recursos ilícitos generados por personas con nombre y apellido. Los responsables de aplicar las leyes financieras sin duda conocen bien los mecanismos bajo los cuales se reproduce el capital por esta vía. Aquí lo importante sería conocer las razones “políticas” que están detrás del laissez faire, laissez passer, del dinero ilícito que recorre  el sistema financiero.

El estudio denominado México: flujos financieros ilícitos: desequilibrios macroeconómicos y la economía sumergida, da cuenta que en los años que siguieron a las crisis económicas de 1976, 1982, 1986 y 1994, la salida de divisas era mayor que en los años previos. Por ejemplo, en 1977, los flujos financieros ilícitos fueron equivalentes al 8.9% del PIB, en 1983 al 9.7%, en 1987 a 11.3% y en 1995 representaron 12.7%. En 2007, los flujos ilícitos equivalieron al 8.8% del PIB.

Cómo instrumentar una política fiscal para el crecimiento de México/III y última

Es fundamental recordar que en 1980, alrededor del 35% del presupuesto público era destinado al gasto de capital. Para 2011, el gasto de capital no supera el 25% del gasto público. De seguir reduciéndose los recursos para infraestructura y obras públicas, la economía mexicana seguirá estancada y sin posibilidad de crear bases sólidas de crecimiento de largo plazo. Para enfrentar los efectos adversos de la desaceleración y recesión en la zona Euro, las autoridades mexicanas tienen que reducir el gasto corriente, sobre todo los enormes erogaciones del capítulo 1000 y 3000 que perciben los secretarios de Estado, subsecretarios, directores de empresas paraestatales y organismos descentralizados. Debiera haber políticas de ahorro y contención del gasto improductivo para destinar mayores recursos en el sector petroquímico y de la construcción.
La lenta recuperación de la economía de EEUU hace necesario replantear un cambio en el rumbo de las políticas económicas adoptadas desde la entrada en vigor del TLCAN en 1994, ya que el ciclo industrial manufacturero de los estadounidenses tiene repecursiones directas en el sector exportador de México, por lo que la importancia de fortalecer el mercado interno precisa de políticas de fomento al sector productivo mexicano. Para ello, la banca de desarrollo debe recobrar el papel promotor del crecimiento económico que tuvo en la época del desarrollo estabilizador.
De seguir el mismo modelo económico que promueve la estabilidad de precios con estancamiento económico, generará más pobreza e inestabilidad social en el todo el país. Por eso, las elecciones presidenciales de 2012 será el momento idonéo para que sea votado un programa económico que se aparte de la ortodoxia fiscal y financiera que ha hundido al país en la pobreza y marginalidad como nunca antes se había visto. Tal vez sea exagerado, pero las condiciones de vida de millones de mexicanos que viven con menos de 2 dólares diarios, hacen necesario dejar a un lado el Consenso de Washington.

Cómo instrumentar una política fiscal para el crecimiento de México/II

Entre los rasgos estructurales que caracterizan la precaria situación fiscal de México destacan los siguientes:

• Una corrupción administrativa tan profunda en magnitud, que produce escasos resarcimientos en el caso de los rescates financieros del pasado, pero con  daños irreparables a la hacienda y el patrimonio públicos;
• Un contubernio de las autoridades hacendarias y de PEMEX para abrir cuentas en paraísos fiscales del Mar Caribe, sin que existan sanciones ejemplares;
• El modelo de estancamiento estabilizador basado en el control inflacionario, en las altas tasas de interés de los títulos de deuda del gobierno y la sobrevaluación de la moneda, no ayuda a la expansión sana del sector productivo y de la fiscalidad;
• Una clase gobernante que posibilita la condonación de créditos fiscales a los bancos y corporativos nacionales y extranjeros;
• Un marco legal que impide la generación de déficits fiscales de corto y mediano plazo, lo cual imposibilita la instrumentación de políticas anticíclicas, restándole capacidades de desarrollo al sector productivo y con efectos negativos en el empleo;
• Existencia de un régimen de privilegios para los deciles de mayores ingresos de la población, dado que no hay impuestos patrimoniales y donde no se les exige el pago del ISR para el caso de la enajenación de sus activos a favor de los capitales extranjeros, a través de la bursatilización de dichas operaciones.

En este sentido, la instrumentación de una verdadera política fiscal tiene que resolver estas restricciones, con el propósito de mejorar el entorno para las inversiones productivas. Debiera haber exenciones fiscales para premiar las innovaciones y las patentes creadas por los jóvenes y las empresas nacionales. Sin estos incentivos, difícilmente podrá fortalecerse la capacidad fiscal en el mediano largo, sin tener que incrementar los impuestos al consumo en alimentos y medicinas.

Cómo instrumentar una política fiscal para el crecimiento de México/I

Cómo instrumentar una política fiscal para el crecimiento de México

Parte I

Alfredo Carlos Victoria Marín

El documento de trabajo titulado “What is a “Competitive” Tax System”, (2011) OECD Taxation Working Papers, No. 2; OECD, de Stephen Matthews, define a la competitividad como un conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país, donde el nivel de productividad en cambio establece el nivel sustentable de los estándares de vida. Nos señala que en el Informe Global de Productividad contiene 12 pilares de competitividad: (1) instituciones; (2) infraestructura; (3) entorno macroeconómico; (4) salud y educación básica; (5) educación superior y capacitación; (6) eficiencia de los bienes de mercado; (7) eficiencia del mercado laboral; (8) desarrollo de los mercados financieros; (9) preparación tecnológica; (10) tamaño del mercado; (11) sofistificación de los negocios; (12) innovación.

Adelantándonos a lo que el especialista quiere discutir, es preciso señalar que México al tener un bajo nivel de bancarización por habitantes, representa una seria restricción para la conformación de un verdadero sistema fiscal federal. Los resultados de la prueba PISA (,Programme for International Student Assesment  por sus siglas en inglés) nos señala que el desempeño escolar de los jóvenes de 15 años de edad en compresión de lectura, matemáticas y ciencias, es uno de los bajos de los países de la OCDE, lo cual advierte que la brecha que existe entre Finlandia y Korea, países punteros en la evaluación PISA con relación a México, equivale a dos años escolares.

Los incentivos para la inversión no solamente están determinados por los anteriores pilares, sino que están, según el paper aludido, influenciados por los derechos de propiedad y niveles de confianza. Así las cosas, la política fiscal puede contribuir a la competitividad económica siempre y cuando se incluyan: (1) el incremento de los ingresos fiscales que sean aceptados como justos, a efecto de alcanzar altos niveles de aceptación voluntaria por parte de los contribuyentes; (2) una buena administración que sea efectiva en disuadir la evasión, reforzando la cohesión social sin conceder ventajas injustas que acrecienten los beneficios a las empresas que evaden impuestos; (3) un sistema fiscal que no esté abierto a la corrupción y que instrumente leyes fiscales consistentemente e imparcialmente y haga un régimen fiscal predecible que reduzca los grados en que pueda desalentarse la inversión; (4) un sistema fiscal que reduzca los montos económicos destinados a la recaudación de impuestos.

Al respecto queda agregar que las empresas mexicanas destinan más de 517 horas al año para cumplir con sus obligaciones fiscales, según los datos del documento publicado por el Banco Mundial-Corporación Financiera Internacional en 2010 titulado Paying Taxes 2010. The Global Picture, lo cual desalienta la competitividad de nuestro país. México ocupa el lugar 167 de 183 países del  informe.