Cómo instrumentar una política fiscal para el crecimiento de México/III y última

Es fundamental recordar que en 1980, alrededor del 35% del presupuesto público era destinado al gasto de capital. Para 2011, el gasto de capital no supera el 25% del gasto público. De seguir reduciéndose los recursos para infraestructura y obras públicas, la economía mexicana seguirá estancada y sin posibilidad de crear bases sólidas de crecimiento de largo plazo. Para enfrentar los efectos adversos de la desaceleración y recesión en la zona Euro, las autoridades mexicanas tienen que reducir el gasto corriente, sobre todo los enormes erogaciones del capítulo 1000 y 3000 que perciben los secretarios de Estado, subsecretarios, directores de empresas paraestatales y organismos descentralizados. Debiera haber políticas de ahorro y contención del gasto improductivo para destinar mayores recursos en el sector petroquímico y de la construcción.
La lenta recuperación de la economía de EEUU hace necesario replantear un cambio en el rumbo de las políticas económicas adoptadas desde la entrada en vigor del TLCAN en 1994, ya que el ciclo industrial manufacturero de los estadounidenses tiene repecursiones directas en el sector exportador de México, por lo que la importancia de fortalecer el mercado interno precisa de políticas de fomento al sector productivo mexicano. Para ello, la banca de desarrollo debe recobrar el papel promotor del crecimiento económico que tuvo en la época del desarrollo estabilizador.
De seguir el mismo modelo económico que promueve la estabilidad de precios con estancamiento económico, generará más pobreza e inestabilidad social en el todo el país. Por eso, las elecciones presidenciales de 2012 será el momento idonéo para que sea votado un programa económico que se aparte de la ortodoxia fiscal y financiera que ha hundido al país en la pobreza y marginalidad como nunca antes se había visto. Tal vez sea exagerado, pero las condiciones de vida de millones de mexicanos que viven con menos de 2 dólares diarios, hacen necesario dejar a un lado el Consenso de Washington.

Cómo instrumentar una política fiscal para el crecimiento de México/II

Entre los rasgos estructurales que caracterizan la precaria situación fiscal de México destacan los siguientes:

• Una corrupción administrativa tan profunda en magnitud, que produce escasos resarcimientos en el caso de los rescates financieros del pasado, pero con  daños irreparables a la hacienda y el patrimonio públicos;
• Un contubernio de las autoridades hacendarias y de PEMEX para abrir cuentas en paraísos fiscales del Mar Caribe, sin que existan sanciones ejemplares;
• El modelo de estancamiento estabilizador basado en el control inflacionario, en las altas tasas de interés de los títulos de deuda del gobierno y la sobrevaluación de la moneda, no ayuda a la expansión sana del sector productivo y de la fiscalidad;
• Una clase gobernante que posibilita la condonación de créditos fiscales a los bancos y corporativos nacionales y extranjeros;
• Un marco legal que impide la generación de déficits fiscales de corto y mediano plazo, lo cual imposibilita la instrumentación de políticas anticíclicas, restándole capacidades de desarrollo al sector productivo y con efectos negativos en el empleo;
• Existencia de un régimen de privilegios para los deciles de mayores ingresos de la población, dado que no hay impuestos patrimoniales y donde no se les exige el pago del ISR para el caso de la enajenación de sus activos a favor de los capitales extranjeros, a través de la bursatilización de dichas operaciones.

En este sentido, la instrumentación de una verdadera política fiscal tiene que resolver estas restricciones, con el propósito de mejorar el entorno para las inversiones productivas. Debiera haber exenciones fiscales para premiar las innovaciones y las patentes creadas por los jóvenes y las empresas nacionales. Sin estos incentivos, difícilmente podrá fortalecerse la capacidad fiscal en el mediano largo, sin tener que incrementar los impuestos al consumo en alimentos y medicinas.

Cómo instrumentar una política fiscal para el crecimiento de México/I

Cómo instrumentar una política fiscal para el crecimiento de México

Parte I

Alfredo Carlos Victoria Marín

El documento de trabajo titulado “What is a “Competitive” Tax System”, (2011) OECD Taxation Working Papers, No. 2; OECD, de Stephen Matthews, define a la competitividad como un conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país, donde el nivel de productividad en cambio establece el nivel sustentable de los estándares de vida. Nos señala que en el Informe Global de Productividad contiene 12 pilares de competitividad: (1) instituciones; (2) infraestructura; (3) entorno macroeconómico; (4) salud y educación básica; (5) educación superior y capacitación; (6) eficiencia de los bienes de mercado; (7) eficiencia del mercado laboral; (8) desarrollo de los mercados financieros; (9) preparación tecnológica; (10) tamaño del mercado; (11) sofistificación de los negocios; (12) innovación.

Adelantándonos a lo que el especialista quiere discutir, es preciso señalar que México al tener un bajo nivel de bancarización por habitantes, representa una seria restricción para la conformación de un verdadero sistema fiscal federal. Los resultados de la prueba PISA (,Programme for International Student Assesment  por sus siglas en inglés) nos señala que el desempeño escolar de los jóvenes de 15 años de edad en compresión de lectura, matemáticas y ciencias, es uno de los bajos de los países de la OCDE, lo cual advierte que la brecha que existe entre Finlandia y Korea, países punteros en la evaluación PISA con relación a México, equivale a dos años escolares.

Los incentivos para la inversión no solamente están determinados por los anteriores pilares, sino que están, según el paper aludido, influenciados por los derechos de propiedad y niveles de confianza. Así las cosas, la política fiscal puede contribuir a la competitividad económica siempre y cuando se incluyan: (1) el incremento de los ingresos fiscales que sean aceptados como justos, a efecto de alcanzar altos niveles de aceptación voluntaria por parte de los contribuyentes; (2) una buena administración que sea efectiva en disuadir la evasión, reforzando la cohesión social sin conceder ventajas injustas que acrecienten los beneficios a las empresas que evaden impuestos; (3) un sistema fiscal que no esté abierto a la corrupción y que instrumente leyes fiscales consistentemente e imparcialmente y haga un régimen fiscal predecible que reduzca los grados en que pueda desalentarse la inversión; (4) un sistema fiscal que reduzca los montos económicos destinados a la recaudación de impuestos.

Al respecto queda agregar que las empresas mexicanas destinan más de 517 horas al año para cumplir con sus obligaciones fiscales, según los datos del documento publicado por el Banco Mundial-Corporación Financiera Internacional en 2010 titulado Paying Taxes 2010. The Global Picture, lo cual desalienta la competitividad de nuestro país. México ocupa el lugar 167 de 183 países del  informe.

Frenar la corrupción es fundamental para darle sentido a la democracia en México

 Es indispensable reconocer que las políticas gubernamentales dirigidas a la transparencia son resultado de las recomendaciones o directrices externas de organismos financieros y de cooperación  internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Se ha hecho patente que la acción del mercado en contextos de opacidad y secrecía, benefician la rentabilidad del capital financiero y perjudican el bienestar de las mayorías de trabajadores.

En el pasado y en el presente, la combinación entre gobiernos corruptos y autoritarios establecieron una suerte de globalización del peculado, de tal forma que la financiación de instituciones internacionales para el desarrollo, en muchos casos, fue desviada para beneficios personales. Diversos autores como Giovanni Sartori, Norberto Bobbio y Michelangelo Bovero  han dicho en términos generales que la corrupción obstaculiza la democracia liberal y provoca la degeneración del gobierno representativo y republicano; los significados que entraña la corrupción siguen hablando de un mal endémico que opera a favor de los intereses fácticos.

Es el más gravoso de los impuestos tributarios que pagan los mexicanos, por lo que urge una cultura en la sociedad en contra de este tipo de prácticas, no sólo es un problema moral o ético, opera como un mecanismo de expoliación y explotación de la población en particular la que menos tiene.

La guerra contra el crimen organizado y el derecho humanitario internacional

La declaración unilateral de Guerra que lanzara Felipe Calderón en contra del crimen organizado al inicio de su administración, no sólo es cuestionada y cuestionable por los costos en vidas humanas, sociales y productivos que ésta ha ocasionado en zonas muy localizadas del país, sino por la falta de previsión y planeación, la cual debió haber sido consensada con los poderes públicos.

La no observancia del  artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deja al descubierto la incapacidad y cerrazón del Estado mexicano para enfrentar con el derecho en la mano, las acciones ilegales del crimen organizado contra la población. Dice este artículo:

Artículo 29.- En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los Titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde.

En diversas localidades de los estados de Tamaulipas, Chihuahua y Michoacán, se han registrado fenómenos que pueden considerarse como perturbaciones graves de la paz pública, ya que sean detectado fosas comunes de cientos de personas, lo cual advierte la perpetración de  crímenes de lesa humanidad en contra de migrantes, la abdicación de las policías municipales de sus tareas básicas, el asesinato regular de periodistas, secuestros sistemáticos  contra ciudadanos y el establecimiento de grupos mafiosos que realizan actividades reservadas al Estado. En estricto sentido, esto constituye sendos peligros para la vida de las personas, por lo que el Estado mexicano debió haber tomado las previsiones necesarias para poder restablecer las condiciones de seguridad y protección de las personas respetando el marco constitucional vigente y las reglas del Derecho Humanitario Internacional.

El Estado mexicano y sus autoridades no han puesto en marcha los procedimientos constitucionales y legislativos enunciados arriba, para atender los graves problemas de inseguridad que a todas luces  amenazan de forma permanente el ejercicio de las libertades individuales, el derecho a la vida y al patrimonio de las personas, dado que el artículo 29 de la Constitución establece que para restablecer las condiciones de seguridad mínimas  que el Estado está obligado a prestar a la sociedad, se “podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo.”

Como ha habido un costo alto en vidas humanas, donde la población civil ha sido expuesta dentro de una virtual guerra civil desde 2006, año en que se oficializó una guerra contra el crimen organizado, las medidas contenidas en el artículo 29 Constitucional fueron obviadas,  sin embargo, por las consecuencias internas que estos supone, el Estado mexicano está obligado a respetar el Derecho Humanitario Internacional para el caso de conflictos internos. De acuerdo al Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, el cual entró en vigor el 7 de diciembre de 1978, con relación al párrafo 1 del artículo 1 de dicho instrumento establece

“1. El presente Protocolo, que desarrolla y completa el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949…se aplicará a todos los conflictos armados que no estén cubiertos por el artículo 1 del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I) y que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo”.

Por ejemplo, la acción ilegal de grupos armados organizados ha dado pauta a la aparición de comunidades de personas desplazadas en el Estado de Tamaulipas, sin embargo,  la intervención del ejército no ha posibilitado la protección de las personas que no participan directamente en la guerra contra el crimen organizado del gobierno federal, ya que ha quedado expuesto a la opinión pública que ha habido atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las personas, en particular el homicidio y los tratos crueles tales como la tortura y las mutilaciones o toda forma de pena corporal, contraviniendo lo dispuesto en el inciso a) párrafo 2 del artículo 4 del Protocolo relativo a las garantías fundamentales.

Asiste el derecho para que los familiares de las víctimas civiles de la guerra contra el crimen organizado exijan el esclarecimiento de dichos delitos, más aún cuando haya habido el asesinato de civiles a manos de militares, sin haber adoptado las medidas de seguridad establecidas en el Protocolo II. Es menester señalar que la intervención de relatores internacionales de Naciones Unidas puede ser invocada por los familiares y deudos de las víctimas, ya que el monitoreo permanente de la ONU, no es un asunto en el que se deba pedir permiso a las autoridades mexicanas, ya que están siendo afectadas normas imperativas de derecho (jus cogens) que el Estado mexicano no ha atendido.

Políticas públicas contra la pobreza

¿Cómo construir propuestas de política pública para el desarrollo social, cuando los mecanismos de participación social siguen estando controlados o por lo menos restringidos al marco institucional-burocrático, que sólo considera la supervisión y vigilancia de los recursos federales descentralizados a las entidades federativas y municipios, como el Ramo 33 o los estatales como el PAGIM y GIS? ¿Por qué la construcción de políticas públicas para enfrentar la urbanización de la pobreza o la descentralización de recursos federales como el programa Hábitat, siguen formando parte de las agencias y dependencia federales, cuando hay un reclamo local para construir políticas sociales locales complejas y más descentralizadas?

¿Porqué no pueden construirse espacios públicos locales, donde la participación ciudadana y social, que refuercen la solidaridad, la cooperación y el trabajo en equipo, haciendo a un lado las fuerzas atomizador del mercado, como único y posible eje articulador de las relaciones sociales? ¿Por qué no superar el falso debate que defienden las élites tecnocráticas respecto a la reducción del Estado y del populismo que solapa esta política, en lugar de plantear respuestas locales a los graves problemas suscitados por la marginación y exclusión sociales?

Y en todo caso, por qué no replantear la construcción de un Estado de bienestar promovido por el cambio de políticas económicas y por una nueva corresponsabilidad de los gobiernos locales en el desarrollo social y económico.

¿Acaso la manera de atender la cuestión social no tiene nada que ver con la manera en cómo se lleva a cabo el ejercicio de la política, del poder, de la gobernabilidad y de la gobernanza? Un nuevo consenso social y político en el ámbito local habría de atender las inseguridades globales generadas por el desempleo estructural, falta de vivienda, la exclusión social, la pobreza, la marginalidad, la violencia barrial.

La urbanización de la pobreza, ha creado extensos territorios, los cuales se caracterizan por la marcada desigualdad social, además de que la marginación y exclusión sociales imposibilita que la población de bajos ingresos acceda a bienes y servicios básicos. La segmentación social y la segregación urbana y territorial, conforman el rasgo más representativo de las zonas metropolitanas del Valle de México y del Valle de Toluca. Lo anterior es terreno fértil para la proliferación del crimen organizado.

El problema de fondo reside que las autoridades estatales que han instrumentado acciones asistencialistas entre 2005-2011 en el Estado de México, han pospuesto la discusión abierta e integral de estos temas con la sociedad. Una propuesta para medir el alcance del trabajo de la política asistencialista en el Estado de México, es contar con un Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social en el Estado de México, conformado por especialistas de gran solvencia académica, ya que actualmente no hay estudios al alcance de la población sobre indicadores de eficiencia, cobertura, impacto, a diferencia del Consejo de Evaluación de la Política Social del Distrito Federal que tiene en su portal de internet dicha información o el CONEVAL.