RESPONSABILIDAD POLÍTICA EN TIEMPOS REVUELTOS

La clase gobernante mexicana ha dejado intactos los mecanismos de responsabilidad política que prevalecen desde hace décadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual ha dado pauta a que servidores públicos que han cometido daños al patrimonio y a la hacienda pública siguen detentando cargos de  representación popular. Por ejemplo, en la legislación electoral mexicana no se exige como requisito de elegibilidad presentar algún documento en donde se acredite el no haber sido sancionado por algún órgano interno de control en el que se haya impuesto una responsabilidad administrativa de carácter resarcitorio.

Las expectativas de la denominada transición a la democracia no han desembocado ni derivado en un nuevo sistema de responsabilidades administrativas de los servidores públicos que promueva la efectiva y eficaz rendición de cuentas de quienes se encuentran al frente de las instituciones públicas del país. La rendición de cuentas no se ha convertido en un principio jurídico formal en la legislación federal y local, razón por la cual urge en México un nuevo sistema integral  de responsabilidades de los servidores públicos que emane desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dicho resquicio jurídico, aunque no lo parezca, es un incentivo que las clases gobernantes han aprovechado para escabullirse de la responsabilidad por daños y perjuicios ocasionados a la hacienda y al patrimonio público. La clase política mexicana -poco proclive a los cambios de fondo en materia de rendición de cuentas-, no es responsable políticamente en la mayoría de casos por los quebrantos a las arcas públicas, ya sea en el orden federal, estatal y municipal de gobierno.

Carlos Sevilla González: Tutor siempre presente

A Carlos Sevilla González

In memoriam

Carlos Sevilla González me dio clases en 1996, la materia fue El Estado y la planificación del desarrollo en México. Ahí, Carlos Sevilla se divertía con los comentarios derivados de la lectura de los textos, sobre todo aquellos que se referían al movimiento estudiantil de 1968. Recuerdo que era mi última materia de la licenciatura, ya que me encontraba en el octavo semestre. En muchos de sus ejemplos sobre la administración pública o economía Carlos Sevilla utilizaba las matemáticas de una manera muy didáctica y amena, lo cual enriquecía el contenido de las clases. Era un profesor muy diferente a todos los que había tenido, ya que se podía apreciar que su formación académica había sido muy sólida. Sus conocimientos eran muy extensos sobre economía política, filosofía política e Historia  de México, lo cual me hizo sugerirle al final del semestre si no le importaría contar con un ayudante de profesor para las materias que impartiría en el tronco común, y sin pensarlo, me dijo que sí. Ello me dio la oportunidad de conocer a un profesor sumamente riguroso en el análisis crítico y filosófico. Así fue como me incorporé como su ayudante de profesor en la UNAM durante 1997-2000. Las materias que le apoyé fueron Formación Social Mexicana III, Sociedad y Estado en México II. Pienso que Carlos Sevilla era un marxista heterodoxo, ya que empleaba el pensamiento crítico para el análisis histórico, pero a su vez recurría a corrientes filosóficas y autores opuestos como Karl Popper para abrir la discusión de las ciencias sociales.  Antes de iniciar cada semestre, Carlos Sevilla me sugería nuevos textos para las clases. Siempre se preocupó por mantener actualizados los cursos, lo cual me motivaba a visitar las librerías para ver que libros podrían emplearse. En no muchas ocasiones, al concluir mis clases en la Facultad de Economía, lo visitaba en la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, ya que era Director de Área en la Subsecretaria de Comercio Interior. Poco tiempo después él renunció y se incorporó al cien por ciento a la vida académica. Le molestó mucho el que haya habido el cierre de la Universidad por parte de los miembros del CGH en 1999, ya que decía no se podía paralizar la vida académica por cuestiones que tenían solución. Le visité varias veces en su departamento donde vivía en la colonia San Miguel Chapultepec. Pude apreciar que era un pintor excepcional, y un muy buen cocinero. De hecho creo que tenía una colección muy extensa de varias revistas entre ellas The Economist y otras publicaciones que no recuerdo, pero se molestaba que le quitaran espacio. Siempre me insistía que deberíamos aprender inglés por ser “la lengua de la metropolí”. Cuando la Universidad abrió de nueva cuenta sus puertas en el año 2000, nos apresuramos para regularizar a los dos grupos que teníamos pendientes. Le alentaba la posibilidad de que el PRI perdiera la Presidencia de la República en las elecciones de julio del 2000, ya que ello podía liberar otras fuerzas que estaban dormidas y que era necesario que nuestro país se sacudiera el pasado autoritario.

Gobiernos eficaces = gobiernos metropolitanos eficaces para el Valle de Toluca

Un gobierno eficaz a nivel municipal debe colocar como objetivo central, elevar la calidad de vida de las personas.

§  Los gobiernos municipales para ser eficaces tienen que identificar con claridad y puntualidad la problemática social que afecta la calidad de vida de las personas.

§  Las prioridades sociales tienen que ser atendidas con los recursos humanos y económicos disponibles.

§  Un gobierno municipal eficaz es aquel que no incurre en subejercicios o sobreejercicios del gasto, y se preocupa con contratar a buenos planeadores y ejecutores de obras y excelentes prestadores de servicios públicos.

§  Un gobierno eficaz garantiza el cumplimiento de los planes y programas de gobierno.

§  Un gobierno eficaz le informa a la gente a dónde serán invertidos sus impuestos.

§  Un gobierno eficaz rinde cuentas de lo más elemental, por ejemplo informa el destino del dinero de los parquímetros y las multas cobradas a los automovilistas.

§  Un gobierno eficaz busca potencializar las vocaciones productivas de las ciudades, buscando la sustentabilidad medioambiental con una equilibrada planeación urbana y del territorio.

§  Un gobierno eficaz es aquel que destina más de la mitad de su presupuesto en obras públicas, mejora de los servicios públicos, construcción de escuelas y bibliotecas, rescate de espacios recreativos, programas contra el desempleo de los jóvenes y grupos vulnerables, transporte público para discapacitados y personas de la tercera edad.

§  Un gobierno eficaz es aquel que construye esquemas simples para la elaboración de presupuestos participativos.

§  Un gobierno eficaz rinde cuentas, se somete al escrutinio público, fomenta la participación ciudadana, es transparente y no es opaco.

§  Un gobierno eficaz en el ámbito municipal se ocupa por mejorar la calidad de los servicios públicos, a través de lo que se denomina el benchmarking público.

§  Un gobierno eficaz por definición no es corrupto.

§  Los gobiernos eficaces entienden que deben compartir responsabilidades con otros municipios, por lo que deben crear instancias de coordinación y acción metropolitana.

§  Los gobiernos eficaces ceden parcelas de poder cuando está en juego el interés general. Reconocen que es mejor la unión de esfuerzos que el aplauso fácil.

§  Un gobierno eficaz es aquel que procura resolver en tiempo real el problema de la recolección de basura, la inseguridad en las calles, el equipamiento urbano.

§  Un gobierno eficaz procura garantizar los derechos sociales de todos y todas.

§  Un gobierno eficaz se ocupa por construir agendas sociales complejas para una sociedad compleja y en constante cambio.

§  Un gobierno eficaz no es rehén de los grupos de interés local.

§  Un gobierno eficaz se construye con la mayoría de las personas.

§  Un gobierno eficaz no necesita recurrir a mecanismos corporativos ni clientelares.

§  Un gobierno eficaz se ocupa por afianzar los valores colectivos como la responsabilidad, la honradez y la solidaridad con los más vulnerables.

   La agenda local con la problemática que le acompaña, requiere que gobierno municipal promueva dentro de su demarcación esquemas de descentralización de decisiones en favor de los pueblos, barrios, colonias. Es decir, tendría que apostar a la construcción de un cuarto orden de Estado y de gobierno, ya que se requiere que en los cabildos se de acceso a la representación vecinal y barrial, para atender con mayor prontitud los asuntos que la demandan la debida atención social.

 

 

 

condiciones básicas para construir un Estado progresista en el Estado de México

Condiciones básicas para construir un Estado progresista en el Estado de México.
Alfredo Carlos Victoria Marín

§  Reconocer que el modelo económico adoptado desde 1983 ha frenado el potencial productivo para generar crecimiento económico sostenido y pleno empleo.

§  Reconocer que las políticas económicas fiscales y monetarias sólo atienden variables macroeconómicas como el control de la inflación y la estabilidad de la moneda, sin que haya políticas deliberadas para conceder crédito barato para las PYMES, la inversión pública y el ahorro.

§  Es fundamental reconocer la importancia que los derechos y políticas sociales estén garantizados en una Ley de Desarrollo Social y Cohesión Comunitaria.

§  Austeridad, transparencia, eficacia y eficiencia en la ejecución del gasto público.

§  Ciudades que generen valor económico; presupuestos participativos y presupuestos donde se destinen más del 50% al gasto de inversión y acciones sociales.

§  Crear un sistema estatal de investigación y desarrollo para todas las áreas del conocimiento. (Ciencias básicas y aplicadas, Humanidades, Ciencias Sociales).

§  Reducir las tasas impositivas a las empresas de reciente creación y premiar la innovación con estímulos fiscales, que fomente la creación de patentes.

§  Brindar la cobertura educativa para todos los niveles educativos del  Preescolar hasta bachillerato.

§  Blindar la educación con un sistema de becas para el estudio y el deporte, bibliotecas bien equipadas, espacios deportivos. Seguros de desempleo para los jóvenes desempleados.

§  Protección social para la niñez y los jóvenes.

§  Creación de la Banca Social: que apoye políticas sociales urbanas, como la construcción social de vivienda y financiamiento público a micros y pequeñas empresas.

§  Acciones concretas y eficaces que sancionen la corrupción política y administrativa, la cual socava la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, generando con ello desaliento y frustración social.

§  Combate a la evasión fiscal; fortalecimiento de la capacidad tributaria de los gobiernos locales.

§  Crear un sistema estatal de evaluación del desempeño de los gobiernos locales con la participación del sector académico, social y empresarial.

§  Garantizar las libertades civiles, políticas y religiosas, así como los derechos de las minorías y grupos vulnerables de la sociedad.

§  Considerar como principio constitucional a la rendición de cuentas, para que todo servidor público esté obligado a explicar y exponer públicamente las razones y argumentos que sustenten su actuar ante la sociedad.

Hacia una teoría de las relaciones sociales de corrupción/III y última

Es indiscutible que el capitalismo como modo de producción, ha estructurado sus relaciones  sobre la base de la explotación y expoliación del trabajo socialmente necesario, donde los dueños de los medios de producción, al ser los capitalistas, requieren de la mano de obra de los trabajadores para producir mercancías (en su modalidad de bienes y servicios) y desde luego de un Estado burgués para que haga valer los derechos de propiedad y la regulación de las relaciones laborales entre los dueños del capital y los trabajadores.

El modo de producción capitalista estructura sus relaciones sociales sobre la base de la acumulación mediante la plusvalía obtenida del trabajo. Al menos eso nos dice la teoría formulada por Marx en el tomo I de El Capital. La economía subterránea de la que se habla en la Unión Europea y Estados Unidos es la otra cara de la moneda que sin duda sostiene el modo de producción capitalista. El hecho de que los trabajadores que emigran a estos países, se ocupen en empleos de baja remuneración salarial sin posibilidad de tener acceso a la seguridad social, fortalece los mecanismos ilegales de acumulación capitalista.

Los fenómenos contemporáneos ligados directamente con la corrupción política-administrativa, al estar insertos dentro del modo de producción capitalista, generan  pautas de acumulación basadas en la apropiación indebida del presupuesto público o en la posición política administrativa para extraer renta y riqueza de los particulares, al margen de las disposiciones jurídicas que prohíben el enriquecimiento ilícito y el peculado.

Hacia una teoría de las relaciones sociales de corrupción/II

El mecanismo ha sido tan funcional para los intereses de la oligarquía política y financiera mexicana, que las fugas de capital forman parte de las venas abiertas de América Latina. En este sentido:

Existe una relación estable entre el volumen de los flujos ilícitos salientes y la fase previa e inmediatamente posterior a las crisis macroeconómicas que ha sufrido México en estos 41 años. En lo que respecta  a las seis crisis estudiadas, los flujos ilícitos se incrementaron en el año de la crisis en comparación con los dos años anteriores a la crisis. Especialmente durante:

La crisis del precio del petróleo de 1973, en que los flujos ilícitos de salida representaron el 4.4% del PIB, casi 4 veces la media anual de los dos años anteriores a la crisis (1.15%).

La crisis de la balanza de pagos de 1976, los flujos ilícitos ascendieron al 5.6% del PIB, lo que también supera la media anual del 3.2% registrada en 1974 y 1975.

La crisis de deuda de 1982, durante la cual los flujos salientes ascendieron al 5.3% del PIB, comparados con una media del 3.5% en 1980 y 1981.

La crisis del petróleo de 1986, en que los flujos ilícitos alcanzaron el 8.1% del PIB, una cifra bastante superior a la media del 5.1% registrada entre 1984 y 1985.

La crisis del peso de 1994, en que los flujos de salida ascendieron al 3.8% del PIB lo que prácticamente triplica la media del 1.3% del periodo 1992-1993.

         La crisis económica mundial de 2007, en que los flujos ilícitos se elevaron hasta el 8.8% del PIB, mientras que la media anual entre 2005-2006 fue del 5.5%.

Si realmente existiera un verdadero clima de cooperación financiera binacional entre Estados Unidos de Norteamérica y México, las clases gobernantes mexicanas habrían sido descubiertas por el manejo ilegal de recursos públicos, lo cual desincentivaría el flujo de recursos hacia ese país, y ello no conviene a los intereses de la banca estadounidense, tan vapuleada por la actual crisis financiera originada por los créditos subprime. En tiempos no tan lejanos como en la crisis de la deuda de los países latinoamericanos, los programas de refinanciamiento de la deuda y la transferencia de recursos netos al exterior que generaba su servicio, no dejó descobijados a los bancos comerciales de Estados Unidos y de Europa Occidental.

Si se considera a la economía sumergida como el conjunto de actividades relacionadas con el comercio informal y los empleos que no están registrados en los sistemas de seguridad social, nos dice demasiado con relación a la  precariedad de la fiscalidad mexicana. Tan sólo en 2010, representó 35.6% del PIB. Sin embargo, en 2002, la economía sumergida llegó a 51.6% del PIB, pero el nivel más elevado en el periodo se registró en 1989, que fue del 70% del PIB.

Hacia una teoría de las relaciones sociales de corrupción/I

La empresa Global Financial Integrity, ha encontrado evidencia empírica a través de un modelo residual de simulación aplicado por el Banco Mundial, para  el periodo 1970-2010 donde los flujos de dinero ilícito que pasaron por el sistema financiero mexicano alcanzaron los 872 mil millones de dólares (Gráfica 1). Durante la primera década de este siglo, sus flujos salientes anuales medios ascendieron a 50 mil millones de dólares. Es la propia desregulación financiera la que hace que el capitalismo opere sin controles y sin alguna regulación –y apoyado por la complicidad de  las autoridades de los Estados. Por ende, las desigualdades sociales y la pobreza se exacerban debido a la incapacidad institucional del Estado para frenar la salida de fondos ilegales de México. Como lo señala Global Financial Integrity, “los flujos de capital saliente no registrados conllevan la acumulación de activos extranjeros por parte de residentes en contra de las leyes aplicables y el marco normativo del país.”

¿Donde ha quedado la responsabilidad del Estado? Hay un poder fáctico financiero paralelo al mismo Estado, el cual pone en riesgo la misma seguridad nacional y la capacidad de ejercer jurisdicción sobre los recursos ilícitos generados por personas con nombre y apellido. Los responsables de aplicar las leyes financieras sin duda conocen bien los mecanismos bajo los cuales se reproduce el capital por esta vía. Aquí lo importante sería conocer las razones “políticas” que están detrás del laissez faire, laissez passer, del dinero ilícito que recorre  el sistema financiero.

El estudio denominado México: flujos financieros ilícitos: desequilibrios macroeconómicos y la economía sumergida, da cuenta que en los años que siguieron a las crisis económicas de 1976, 1982, 1986 y 1994, la salida de divisas era mayor que en los años previos. Por ejemplo, en 1977, los flujos financieros ilícitos fueron equivalentes al 8.9% del PIB, en 1983 al 9.7%, en 1987 a 11.3% y en 1995 representaron 12.7%. En 2007, los flujos ilícitos equivalieron al 8.8% del PIB.

Cómo instrumentar una política fiscal para el crecimiento de México/III y última

Es fundamental recordar que en 1980, alrededor del 35% del presupuesto público era destinado al gasto de capital. Para 2011, el gasto de capital no supera el 25% del gasto público. De seguir reduciéndose los recursos para infraestructura y obras públicas, la economía mexicana seguirá estancada y sin posibilidad de crear bases sólidas de crecimiento de largo plazo. Para enfrentar los efectos adversos de la desaceleración y recesión en la zona Euro, las autoridades mexicanas tienen que reducir el gasto corriente, sobre todo los enormes erogaciones del capítulo 1000 y 3000 que perciben los secretarios de Estado, subsecretarios, directores de empresas paraestatales y organismos descentralizados. Debiera haber políticas de ahorro y contención del gasto improductivo para destinar mayores recursos en el sector petroquímico y de la construcción.
La lenta recuperación de la economía de EEUU hace necesario replantear un cambio en el rumbo de las políticas económicas adoptadas desde la entrada en vigor del TLCAN en 1994, ya que el ciclo industrial manufacturero de los estadounidenses tiene repecursiones directas en el sector exportador de México, por lo que la importancia de fortalecer el mercado interno precisa de políticas de fomento al sector productivo mexicano. Para ello, la banca de desarrollo debe recobrar el papel promotor del crecimiento económico que tuvo en la época del desarrollo estabilizador.
De seguir el mismo modelo económico que promueve la estabilidad de precios con estancamiento económico, generará más pobreza e inestabilidad social en el todo el país. Por eso, las elecciones presidenciales de 2012 será el momento idonéo para que sea votado un programa económico que se aparte de la ortodoxia fiscal y financiera que ha hundido al país en la pobreza y marginalidad como nunca antes se había visto. Tal vez sea exagerado, pero las condiciones de vida de millones de mexicanos que viven con menos de 2 dólares diarios, hacen necesario dejar a un lado el Consenso de Washington.

Cómo instrumentar una política fiscal para el crecimiento de México/II

Entre los rasgos estructurales que caracterizan la precaria situación fiscal de México destacan los siguientes:

• Una corrupción administrativa tan profunda en magnitud, que produce escasos resarcimientos en el caso de los rescates financieros del pasado, pero con  daños irreparables a la hacienda y el patrimonio públicos;
• Un contubernio de las autoridades hacendarias y de PEMEX para abrir cuentas en paraísos fiscales del Mar Caribe, sin que existan sanciones ejemplares;
• El modelo de estancamiento estabilizador basado en el control inflacionario, en las altas tasas de interés de los títulos de deuda del gobierno y la sobrevaluación de la moneda, no ayuda a la expansión sana del sector productivo y de la fiscalidad;
• Una clase gobernante que posibilita la condonación de créditos fiscales a los bancos y corporativos nacionales y extranjeros;
• Un marco legal que impide la generación de déficits fiscales de corto y mediano plazo, lo cual imposibilita la instrumentación de políticas anticíclicas, restándole capacidades de desarrollo al sector productivo y con efectos negativos en el empleo;
• Existencia de un régimen de privilegios para los deciles de mayores ingresos de la población, dado que no hay impuestos patrimoniales y donde no se les exige el pago del ISR para el caso de la enajenación de sus activos a favor de los capitales extranjeros, a través de la bursatilización de dichas operaciones.

En este sentido, la instrumentación de una verdadera política fiscal tiene que resolver estas restricciones, con el propósito de mejorar el entorno para las inversiones productivas. Debiera haber exenciones fiscales para premiar las innovaciones y las patentes creadas por los jóvenes y las empresas nacionales. Sin estos incentivos, difícilmente podrá fortalecerse la capacidad fiscal en el mediano largo, sin tener que incrementar los impuestos al consumo en alimentos y medicinas.

Cómo instrumentar una política fiscal para el crecimiento de México/I

Cómo instrumentar una política fiscal para el crecimiento de México

Parte I

Alfredo Carlos Victoria Marín

El documento de trabajo titulado “What is a “Competitive” Tax System”, (2011) OECD Taxation Working Papers, No. 2; OECD, de Stephen Matthews, define a la competitividad como un conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país, donde el nivel de productividad en cambio establece el nivel sustentable de los estándares de vida. Nos señala que en el Informe Global de Productividad contiene 12 pilares de competitividad: (1) instituciones; (2) infraestructura; (3) entorno macroeconómico; (4) salud y educación básica; (5) educación superior y capacitación; (6) eficiencia de los bienes de mercado; (7) eficiencia del mercado laboral; (8) desarrollo de los mercados financieros; (9) preparación tecnológica; (10) tamaño del mercado; (11) sofistificación de los negocios; (12) innovación.

Adelantándonos a lo que el especialista quiere discutir, es preciso señalar que México al tener un bajo nivel de bancarización por habitantes, representa una seria restricción para la conformación de un verdadero sistema fiscal federal. Los resultados de la prueba PISA (,Programme for International Student Assesment  por sus siglas en inglés) nos señala que el desempeño escolar de los jóvenes de 15 años de edad en compresión de lectura, matemáticas y ciencias, es uno de los bajos de los países de la OCDE, lo cual advierte que la brecha que existe entre Finlandia y Korea, países punteros en la evaluación PISA con relación a México, equivale a dos años escolares.

Los incentivos para la inversión no solamente están determinados por los anteriores pilares, sino que están, según el paper aludido, influenciados por los derechos de propiedad y niveles de confianza. Así las cosas, la política fiscal puede contribuir a la competitividad económica siempre y cuando se incluyan: (1) el incremento de los ingresos fiscales que sean aceptados como justos, a efecto de alcanzar altos niveles de aceptación voluntaria por parte de los contribuyentes; (2) una buena administración que sea efectiva en disuadir la evasión, reforzando la cohesión social sin conceder ventajas injustas que acrecienten los beneficios a las empresas que evaden impuestos; (3) un sistema fiscal que no esté abierto a la corrupción y que instrumente leyes fiscales consistentemente e imparcialmente y haga un régimen fiscal predecible que reduzca los grados en que pueda desalentarse la inversión; (4) un sistema fiscal que reduzca los montos económicos destinados a la recaudación de impuestos.

Al respecto queda agregar que las empresas mexicanas destinan más de 517 horas al año para cumplir con sus obligaciones fiscales, según los datos del documento publicado por el Banco Mundial-Corporación Financiera Internacional en 2010 titulado Paying Taxes 2010. The Global Picture, lo cual desalienta la competitividad de nuestro país. México ocupa el lugar 167 de 183 países del  informe.

Frenar la corrupción es fundamental para darle sentido a la democracia en México

 Es indispensable reconocer que las políticas gubernamentales dirigidas a la transparencia son resultado de las recomendaciones o directrices externas de organismos financieros y de cooperación  internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Se ha hecho patente que la acción del mercado en contextos de opacidad y secrecía, benefician la rentabilidad del capital financiero y perjudican el bienestar de las mayorías de trabajadores.

En el pasado y en el presente, la combinación entre gobiernos corruptos y autoritarios establecieron una suerte de globalización del peculado, de tal forma que la financiación de instituciones internacionales para el desarrollo, en muchos casos, fue desviada para beneficios personales. Diversos autores como Giovanni Sartori, Norberto Bobbio y Michelangelo Bovero  han dicho en términos generales que la corrupción obstaculiza la democracia liberal y provoca la degeneración del gobierno representativo y republicano; los significados que entraña la corrupción siguen hablando de un mal endémico que opera a favor de los intereses fácticos.

Es el más gravoso de los impuestos tributarios que pagan los mexicanos, por lo que urge una cultura en la sociedad en contra de este tipo de prácticas, no sólo es un problema moral o ético, opera como un mecanismo de expoliación y explotación de la población en particular la que menos tiene.

La guerra contra el crimen organizado y el derecho humanitario internacional

La declaración unilateral de Guerra que lanzara Felipe Calderón en contra del crimen organizado al inicio de su administración, no sólo es cuestionada y cuestionable por los costos en vidas humanas, sociales y productivos que ésta ha ocasionado en zonas muy localizadas del país, sino por la falta de previsión y planeación, la cual debió haber sido consensada con los poderes públicos.

La no observancia del  artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deja al descubierto la incapacidad y cerrazón del Estado mexicano para enfrentar con el derecho en la mano, las acciones ilegales del crimen organizado contra la población. Dice este artículo:

Artículo 29.- En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los Titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde.

En diversas localidades de los estados de Tamaulipas, Chihuahua y Michoacán, se han registrado fenómenos que pueden considerarse como perturbaciones graves de la paz pública, ya que sean detectado fosas comunes de cientos de personas, lo cual advierte la perpetración de  crímenes de lesa humanidad en contra de migrantes, la abdicación de las policías municipales de sus tareas básicas, el asesinato regular de periodistas, secuestros sistemáticos  contra ciudadanos y el establecimiento de grupos mafiosos que realizan actividades reservadas al Estado. En estricto sentido, esto constituye sendos peligros para la vida de las personas, por lo que el Estado mexicano debió haber tomado las previsiones necesarias para poder restablecer las condiciones de seguridad y protección de las personas respetando el marco constitucional vigente y las reglas del Derecho Humanitario Internacional.

El Estado mexicano y sus autoridades no han puesto en marcha los procedimientos constitucionales y legislativos enunciados arriba, para atender los graves problemas de inseguridad que a todas luces  amenazan de forma permanente el ejercicio de las libertades individuales, el derecho a la vida y al patrimonio de las personas, dado que el artículo 29 de la Constitución establece que para restablecer las condiciones de seguridad mínimas  que el Estado está obligado a prestar a la sociedad, se “podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo.”

Como ha habido un costo alto en vidas humanas, donde la población civil ha sido expuesta dentro de una virtual guerra civil desde 2006, año en que se oficializó una guerra contra el crimen organizado, las medidas contenidas en el artículo 29 Constitucional fueron obviadas,  sin embargo, por las consecuencias internas que estos supone, el Estado mexicano está obligado a respetar el Derecho Humanitario Internacional para el caso de conflictos internos. De acuerdo al Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, el cual entró en vigor el 7 de diciembre de 1978, con relación al párrafo 1 del artículo 1 de dicho instrumento establece

“1. El presente Protocolo, que desarrolla y completa el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949…se aplicará a todos los conflictos armados que no estén cubiertos por el artículo 1 del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I) y que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo”.

Por ejemplo, la acción ilegal de grupos armados organizados ha dado pauta a la aparición de comunidades de personas desplazadas en el Estado de Tamaulipas, sin embargo,  la intervención del ejército no ha posibilitado la protección de las personas que no participan directamente en la guerra contra el crimen organizado del gobierno federal, ya que ha quedado expuesto a la opinión pública que ha habido atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las personas, en particular el homicidio y los tratos crueles tales como la tortura y las mutilaciones o toda forma de pena corporal, contraviniendo lo dispuesto en el inciso a) párrafo 2 del artículo 4 del Protocolo relativo a las garantías fundamentales.

Asiste el derecho para que los familiares de las víctimas civiles de la guerra contra el crimen organizado exijan el esclarecimiento de dichos delitos, más aún cuando haya habido el asesinato de civiles a manos de militares, sin haber adoptado las medidas de seguridad establecidas en el Protocolo II. Es menester señalar que la intervención de relatores internacionales de Naciones Unidas puede ser invocada por los familiares y deudos de las víctimas, ya que el monitoreo permanente de la ONU, no es un asunto en el que se deba pedir permiso a las autoridades mexicanas, ya que están siendo afectadas normas imperativas de derecho (jus cogens) que el Estado mexicano no ha atendido.

Políticas públicas contra la pobreza

¿Cómo construir propuestas de política pública para el desarrollo social, cuando los mecanismos de participación social siguen estando controlados o por lo menos restringidos al marco institucional-burocrático, que sólo considera la supervisión y vigilancia de los recursos federales descentralizados a las entidades federativas y municipios, como el Ramo 33 o los estatales como el PAGIM y GIS? ¿Por qué la construcción de políticas públicas para enfrentar la urbanización de la pobreza o la descentralización de recursos federales como el programa Hábitat, siguen formando parte de las agencias y dependencia federales, cuando hay un reclamo local para construir políticas sociales locales complejas y más descentralizadas?

¿Porqué no pueden construirse espacios públicos locales, donde la participación ciudadana y social, que refuercen la solidaridad, la cooperación y el trabajo en equipo, haciendo a un lado las fuerzas atomizador del mercado, como único y posible eje articulador de las relaciones sociales? ¿Por qué no superar el falso debate que defienden las élites tecnocráticas respecto a la reducción del Estado y del populismo que solapa esta política, en lugar de plantear respuestas locales a los graves problemas suscitados por la marginación y exclusión sociales?

Y en todo caso, por qué no replantear la construcción de un Estado de bienestar promovido por el cambio de políticas económicas y por una nueva corresponsabilidad de los gobiernos locales en el desarrollo social y económico.

¿Acaso la manera de atender la cuestión social no tiene nada que ver con la manera en cómo se lleva a cabo el ejercicio de la política, del poder, de la gobernabilidad y de la gobernanza? Un nuevo consenso social y político en el ámbito local habría de atender las inseguridades globales generadas por el desempleo estructural, falta de vivienda, la exclusión social, la pobreza, la marginalidad, la violencia barrial.

La urbanización de la pobreza, ha creado extensos territorios, los cuales se caracterizan por la marcada desigualdad social, además de que la marginación y exclusión sociales imposibilita que la población de bajos ingresos acceda a bienes y servicios básicos. La segmentación social y la segregación urbana y territorial, conforman el rasgo más representativo de las zonas metropolitanas del Valle de México y del Valle de Toluca. Lo anterior es terreno fértil para la proliferación del crimen organizado.

El problema de fondo reside que las autoridades estatales que han instrumentado acciones asistencialistas entre 2005-2011 en el Estado de México, han pospuesto la discusión abierta e integral de estos temas con la sociedad. Una propuesta para medir el alcance del trabajo de la política asistencialista en el Estado de México, es contar con un Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social en el Estado de México, conformado por especialistas de gran solvencia académica, ya que actualmente no hay estudios al alcance de la población sobre indicadores de eficiencia, cobertura, impacto, a diferencia del Consejo de Evaluación de la Política Social del Distrito Federal que tiene en su portal de internet dicha información o el CONEVAL.

México: La cuestión de las izquierdas/II y último

México: La cuestión de las izquierdas/II y último

La búsqueda de un verdadero Estado de derecho, no ha sido totalmente un objetivo de la izquierda en México, pese haber sufrido durante décadas la persecución política del régimen. No habrá democracia económica, si primero no existe un compromiso explicito y político para enfrentar la corrupción en todos los ámbitos donde está se haya anidado. La defensa de los de abajo, de los excluidos, de los marginados, no se logrará en tanto no haya congruencia en el pensar y actuar de los representantes populares que emanen de partidos de izquierda. El sectarismo es el enemigo a vencer. No se puede atender la pobreza desde la lógica de los programas clientelares y corporativos, ni expoliar el erario. En otras palabras, la izquierda no tiene porque recrear viejas formas de captura del Estado, lo hemos dicho hasta la saciedad. Y mucho menos, la izquierda no debe ser cómplice de prácticas y acciones deshonestas cometidas por integrantes o no de grupos en el poder. No habrá verdadero proyecto de nación, mientras tanto las organizaciones de izquierda no saneen sus filas de personajes que han estado identificados con la corrupción y el crimen organizado. Esa es una mínima condición para obtener la confianza de los electores a quienes se quiere representar. Es una vergüenza que en estos tiempos de hartazgo social por la incapacidad de las instituciones del Estado para brindar seguridad y protección a sus habitantes, no se vea a la izquierda como opción para atender este reclamo en el 2012. Preocupa demasiado que entidades como Michoacán, Guerrero o Zacatecas hayan perdido sus gobernantes el sentido de la ética de la responsabilidad y del mandar obedeciendo. La lealtad al Estado y a los ciudadanos son elementos que deben caracterizar a la izquierda, si realmente quiere ser opción política y protagonista de la transformación de México.  La denuncia de los ciudadanos y la construcción de gobiernos autogestionarios son las pocas herramientas para la construcción del tejido social que rompió desde hace décadas, justamente cuando los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortarí, decidieron desmantelar y privatizar los activos de la nación.

México: La cuestión de las izquierdas/I

Las izquierdas mexicanas enfrentan tres problemas centrales: la precaria institucionalización de su vida organizativa, su desinterés en la interpretación de los sentimientos sociales de la población y su marcado antiintelectualismo. Dichos asuntos devienen en que las izquierdas en su conjunto han perdido de vista su papel protagónico en la transformación progresista de nuestro país. Estos dos graves problemas estructurales ocurren en un contexto donde muchos de los líderes y caciques de las principales corrientes de los tres partidos de la izquierda (PRD, PT y Convergencia) provienen de movimientos sociales, de la guerrilla o del PRI, cuyo funcionamiento no estaba determinado por mecanismos democráticos, sino donde las decisiones giraban en función de la sobrevivencia política. Por eso, los detractores de la derecha, acusan a las izquierdas por su pretensión de instaurar programas estatistas o populistas de gobierno. Desde que el alzamiento del EZLN hasta el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, la precaria institucionalización de las izquierdas ha fortalecido el avance de la derecha, el PAN, al no haberse convertido en una opción política capaz de competir con sus adversarios en cualquier parte del país.

La gran mayoría de los líderes históricos de las izquierdas, al ocupar con mayor reiteración cargos de representación popular a partir de 1997, fueron alejándose del trabajo de base y pocos de ellos se han preocupado por abanderar acciones a favor de la inclusión social de los grupos humanos que se encuentran en la marginalidad y la pobreza. Las políticas sociales instrumentadas en la Ciudad de México deben ser vistas como acciones encaminadas a no retardar  el reconocimiento de las personas al acceso de la cultura, la recreación, la educación, la vivienda,  la salud. No ha habido en otras entidades y municipios gobernados por “las izquierdas”, intentos que pudieran replicar lo hecho en la capital del país, ya sea por falta de recursos, ideas o voluntad política.

Los tres partidos de izquierda se han alejado de las y los jóvenes de México, ya que no hay una vocación progresista de las organizaciones políticas. Más bien, los vientos de transformación provienen de diversos sectores de las clases medias urbanas que se han aglutinado en torno a la condena de la violencia proveniente del crimen organizado y de las fuerzas del Estado. 

Han sido infructuosos los intentos de personas y grupos aislados para ofrecer a la población una opción política viable, aun cuando las condiciones históricas hagan necesaria la presencia de la izquierda. Sigue quedando pendiente que la izquierda promueva la separación del Estado y las iglesias, así como la instauración de un verdadero estado de derecho, que posibilite el reconocimiento de los derechos sociales y la protección de las libertades individuales fundamentales.

La democratización interna de los partidos que aglutinan a un espectro de las izquierdas,  es fundamental para ser opción frente al electorado mexicano. El sistema capitalista que rige y gobierna a México debe ser cambiado por un modelo de desarrollo que vea a las personas como seres con derechos y obligaciones y no como entes económicos, tal como lo hace el neoliberalismo. Desde el punto de vista del derecho y de la defensa de los intereses de las mayorías, debe denunciarse el crecimiento insostenible de la deuda pública interna y externa durante los 10  últimos años, ya que de nueva cuenta vuelve a hipotecarse la renta petrolera y los impuestos de los contribuyentes. Ha sido el modelo neoliberal muy favorecido por  el sistema político y jurídico vigente, toda vez que la izquierda no ha podido generar una fuerza moral para denunciar los rescates carreteros, bancarios, la entrega de la renta petrolera al Tesoro de Estados Unidos en 1995, el aumento de la deuda interna en manos de extranjeros, lo cual ha quitado margen de maniobra al Estado mexicano para dirigir los procesos económicos fundamentales, tal y como lo establecen  los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La construcción de una nueva agenda de política exterior a partir de los consensos internos/III y última

Alfredo Carlos Victoria Marín

La construcción de una nueva agenda de política exterior a partir de los consensos internos/III y última

Sin duda, la incapacidad del Estado mexicano para meter en zona de solución los problemas de inseguridad que ya se han transformado en problemas de ingobernabilidad en diversas localidades fronterizas con Estados Unidos, ha convertido a la política exterior en un rehén de los intereses creados en México y Estados Unidos. El modelo neoliberal jamás planteó un proyecto nacional, ya que Carlos Salinas de Gortarí y su grupo, el cual todavía tiene posiciones de poder en el gabinete presidencial de Felipe Calderón, asumieron que con la sola exposición de la economía mexicana al comercio mundial se lograría resolver el problema de la desigualdad social y  las asimetrías en la distribución del ingreso. Craso error que será casi imposible revertir. Las acciones encaminadas a detener el crimen organizado en México se mueven entre el intervencionismo cauteloso de la Iniciativa Mérida y la descomposición de los cuerpos de seguridad locales, que no concitan mayor respaldo al interior de México ni en Washington. Nadie reconoce en el gobierno de Estados Unidos ni muchos menos en México que la migración y el avance del crimen organizado está en función directa al estancamiento económico que padece México desde 1982.

Así las cosas, se ha dejado de lado proyectos de largo aliento que impulsen la reindustrialización de México y la rearticulación de cadenas productivas, toda vez que se abandonó desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortarí la instrumentación de políticas industriales y tecnológicas, lo cual ha condenado a la dependencia externa de materias primas, maquinaria y equipo.

No termina la ambivalencia de la política exterior de México, ya que todo ejerció de la política conlleva establecer socios, aliados. A nadie en su sano juicio podría estar en contra de la importancia de equilibrar nuestras relaciones internacionales. Queda claro que países como China, India, Brasil, Corea del Sur, han realizado profundas transformaciones internas que han procurado proyectar al ámbito internacional en materia de crecimiento de las exportaciones, aumento de la competitividad en el comercio de manufacturas y tecnologías de la información. Sin embargo, México es incapaz de desarrollar una industria de la robótica a pesar de contar con el talento de los jóvenes.

Dada la actual crisis financiera global, México tendría que asumir un papel más destacado en la reforma de las instituciones que regulan las finanzas y la economía mundial. Nuestra diplomacia financiera tendría que pronunciarse contra la existencia de paraísos fiscales, por ejemplo. Las acciones a favor del desarme nuclear y la lucha contra el terrorismo deben habilitar a las instituciones de las Naciones Unidas para que bajo el amparo del derecho internacional y la cooperación para el desarrollo, se logren atender reclamos sociales históricos en diversos países subdesarrollados, que son la fuente del malestar que existe en el mundo gracias a la globalización financiera neoliberal, impulsada por los gobiernos de las grandes potencias y sus corporaciones.

Los intereses nacionales de México en este siglo XXI son tan obvios que no se requiere ser experto en política exterior. En la medida en que México recupere sus capacidades productivas endógenas, en donde el sector energético eleve sus niveles de inversión y reduzca la dependencia de insumos, materias primas y maquinaria del exterior, en esa medida México elevará sus niveles de crecimiento y de bienestar social. La oligarquía mexicana tiene que entender que los cambios en la política exterior son tan necesarios  para que nuestro país deje ser un estado fallido en diversos órdenes. A final de cuentas, es el reflejo de la política interna. La desigualdad social, la pobreza, la violencia del crimen organizado, los crímenes de lesa humanidad que se cometen en los estados fronterizos con Estados Unidos, la migración, se convierten en externalidades negativas que terminan afectando a las clases privilegiadas de México.

La construcción de una nueva agenda de política exterior a partir de los consensos internos/II

Alfredo Carlos Victoria Marín

La construcción de una nueva agenda de política exterior a partir de los consensos internos/II

La política exterior es la extensión de la política interior. En este sentido, los intereses nacionales que son la defensa de la planta productiva, el crecimiento económico y el pleno empleo, han sido relegados a un segundo plano. La dependencia comercial con un sólo mercado, la desintegración de las cadenas productivas en diversos sectores de la industria y una decreciente competitividad del aparato productivo mexicano incentivado por los bajos niveles de canalización del crédito al sector productivo y por el esquema tributario restrictivo, han ahogado la posibilidad de revertir la dependencia con el exterior. En más de un sentido, el país cuenta con las instituciones públicas capaces de dar aliento al nuevo crecimiento del país. Es bien sabido que la banca de desarrollo como Nafinsa y Bancomext tienen como propósito canalizar crédito a las pequeñas y medianas empresas, así como incidir en la sustitución competitiva de importaciones de insumos y materias primas, sin embargo, ha faltado la voluntad política para que esto llegue a ser una realidad.

Otro tema relacionado con la construcción de una nueva agenda de política exterior tiene que ver con la manera en cómo México se pronuncia en temas relacionados con los derechos humanos y los valores democráticos. Los dos gobiernos emanados del PAN en 2000 y 2006, asumieron en los hechos que tenían y tienen derecho a cuestionar la situación política interna de diversos países latinoamericanos como Cuba, Venezuela, Argentina, entre otros, sin que se haya realizado un debate interno que ponderara los flancos de vulnerabilidad de nuestro sistema político, en temas de una agenda internacional en la que no tenemos la autoridad moral suficiente o donde no se observa un compromiso interno para resolver temas ligados al déficit de gobernabilidad imperante.

Hace falta avanzar en la ampliación de la democracia y la renovación política a través de una mayor democracia participativa y deliberativa –plebiscito, referéndum, gobierno en red- y el rescate de espacios y territorios en manos de la criminalidad, como para después pensar en “continuar con la promoción internacional, los derechos y la dignidad de las personas”. Hay que buscar consensos internos que posibiliten defender dichas posturas con menor daño al prestigio diplomático de México.

Basta ver que la política interior aplicada por el actual régimen le ha apostado por la represión de los movimientos sociales –léase el conflicto de los mineros en Sicartsa, en Lázaro Cárdenas, la represión en San Salvador Atenco o el haber dejado a su suerte a los mineros de Pasta de Conchos en Coahuila-, ha violado los derechos laborales, humanos, la autonomía sindical y ha tornado nugatorio el acceso a la justicia, lo cual contradice lo que a nivel internacional pretende ser la política exterior de los gobiernos del PAN.

La discusión de la política exterior por parte de la sociedad civil sigue constituyendo un déficit de la naciente democracia mexicana. Como parte de las políticas públicas, sigue haciendo falta una evaluación más rigurosa de las acciones que en esta materia ejerce el Ejecutivo Federal. Es pregunta ¿Porqué la política exterior asigna una alta prioridad a la transnacionalización de nuestra economía a fin de atraer mayor inversión extranjera, consolidad exportaciones, sin antes discutir la importancia de contar con una política industrial propia o procesos de subvaluación de la moneda como lo hacen los chinos? ¿Por qué suponer que de la mano del mercado se logrará una competitividad sistémica, y más aún que ésta se alcanzará a través de bajos salarios para los trabajadores de las ciudades y del campo, como lo propone la iniciativa del PAN y del PRI?

¿Quiénes son los que se benefician de esta falta de rumbo para el país? ¿Es viable el país bajo estas condiciones? ¿Por qué la sociedad civil no tiene ningún peso en la manera en cómo México realiza sus relaciones internacionales? ¿Dónde quedó nuestro papel de promotor de iniciativas de corte multilateral para frenar el creciente clima de tensión internacional propiciado por el uso ilegal de la fuerza de las grandes potencias contra países como Irak o Afganistan? ¿México, su diplomacia, no requiere una nueva dignidad de negociación frente a Washington? ¿El uso del derecho internacional, la diplomacia, los buenos oficios, serán muros de contención para detener la militarización de las fronteras que producen políticas económicas fallidas? ¿México tendrá algo qué decir al respecto?